Un hombre camina frente a un edificio destruido en Mariúpol.
Reuters
Una misión de observadores de la ONU sospecha que "miles de personas civiles" han muerto en Mariúpol como consecuencia de la invasión rusa, lo que podrán verificar cuando consigan tener acceso a esta ciudad que ha quedado ampliamente destruida.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha
corroborado la muerte de cerca de 3.400 civiles desde que empezó la guerra, "
pero las cifras reales son mucho más altas, el gran agujero negro es Mariúpol, donde es difícil corroborar la información", dijo la jefa de los observadores, Matilda Bogner, en una rueda de prensa en Ginebra.
"En términos de todo el país, todo lo que puedo decir es que
hay miles (de muertos civiles) más de los que hemos podido verificar hasta ahora", declaró.
Bogner señaló que en visitas y recorridos por 14 localidades en las regiones de Kiev y Chernígov, los observadores de la ONU recogieron informaciones sobre la muerte de más de 300 hombres, mujeres y niños, en particular en zonas al norte de la capital ocupadas por tropas rusas hasta fines de marzo.
En estos lugares, la misión de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, dirigida por la alta comisionada Michelle Bachelet, ha recopilado pruebas de
asesinatos, ejecuciones sumarias, torturas y violencia sexual.
"Cada muerte es una tragedia. Dependiendo de las circunstancias,
la muerte de un solo civil o de alguien que no participa en los combates puede ser un crimen de guerra porque son personas protegidas por el derecho internacional", dijo Boger.
Algunos crímenes eran selectivos, pero otros eran totalmente al azar, contra gente que transitaba en sus vehículos o que intentaba cruzar una calle. También se sabe de francotiradores que disparaban contra civiles con el motivo aparente de disuadir a la gente de salir de sus casas.
No obstante, "
tomará tiempo entender toda la magnitud de lo que ha ocurrido, aunque lo que hemos visto hasta ahora ofrece una idea clara de cuáles son las preocupaciones".
La misión de la ONU trabaja en Ucrania desde 2014, tras el estallido del conflicto en la región oriental del Donbás, fronteriza con Rusia y alentada por este país a través de grupos armados separatistas a los que suministró armamento y mercenarios.
Actualmente, la misión tiene varias oficinas en distintas localidades y 55 observadores en Ucrania, que se han desplazado para verificar y documentar la destrucción y los crímenes cometidos desde el 24 de febrero pasado, cuando se inició la guerra.
Bogner dijo que desde entonces la forma en que
Rusia ha conducido las hostilidades ha cambiado, pues
ha pasado de atacar inicialmente objetivos militares a bombardear áreas pobladas con el consiguiente impacto en la población.
La misión no ha podido recoger directamente información en las zonas bajo control de Rusia o donde el conflicto está activo.
