Sri Lanka comenzó a dar muestras de una incipiente crisis económica desde finales de 2021, cuando en noviembre las autoridades se vieron obligadas a cerrar su única refinería de petróleo para evitar un abultado gasto de divisas por la importación de crudo.
El país vio mermar sus reservas internacionales en los últimos dos años, con la caída drástica del turismo debido a la pandemia, cuando Sri Lanka comenzaba a recuperarse de los atentados yihadistas de Pascua que el 21 de abril de 2019 dejaron un balance de 269 muertos y más de cuatrocientos heridos.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno por mostrarse esperanzado, los números récord de inflación y la escasez de alimentos comenzaron a ahogar a los ciudadanos de la nación isleña y el Gobierno llegó a suspender el pago de la deuda externa en abril.
La tensión y el descontento aumentaron en la isla a finales de marzo, cuando las autoridades impusieron cortes de luz de más de trece horas, lo que llevó a la población a salir a las calles para pedir la dimisión en masa del Ejecutivo de Sri Lanka.
Las protestas, mayoritariamente pacíficas, fueron creciendo en amplitud y centenares de manifestantes se instalaron en las inmediaciones de la Secretaría Presidencial de Colombo para exigir la dimisión del clan Rajapaksa.
El lema más repetido durante las protestas contra el Gobierno ha sido "Go Home Gota" (Gota vete a casa), y las protestas alrededor de la isla se volvieron habituales aunque su epicentro se encontrase en la capital.
La debacle económica desencadenó, al calor de las manifestaciones, una grave crisis política.
A principios de abril, las presiones en la calle provocaron la dimisión en grupo de todos los ministros del Ejecutivo, aunque el presidente Rajapaksa esquivó momentáneamente la crisis al nombrar un Gabinete reducido.
La renuncia días después de 42 parlamentarios de las filas de la coalición oficialista, dejó al Gobierno al borde de perder la mayoría en la cámara de representantes, y el principal partido de la oposición en Sri Lanka, el Samagi Jana Balawegaya (SJB), presentó la semana pasada dos mociones de censura contra el presidente y su Gobierno.
Una reciente votación esa misma semana en el Parlamento sugiere, sin embargo, que la coalición gubernamental tiene la mayoría suficiente para hacer frente a la moción de censura.
El estallido de violencia ayer en varias partes del país, entre partidarios del Gobierno y opositores, dejó al menos ocho muertos y 218 heridos.
Los seguidores del Gobierno han sido acusados de haber desencadenado la violencia del lunes, cuando después de participar en un acto de apoyo al entonces primer ministro en Temple Trees, se enfrentaron a los manifestantes pacíficos que se encontraban en el exterior de la residencia oficial reclamando su dimisión.
Después, el grupo progubernamental se dirigió a la protesta principal en las inmediaciones de la Secretaría Presidencial de Colombo, y atacaron a los manifestantes con palos y barras de hierro ante la supuesta indiferencia de la policía.
La violencia contra los opositores al Gobierno llevó a una reacción inesperada, y lo que hasta entonces habían sido manifestaciones sobre todo pacíficas vivieron una dura respuesta, incluyendo destrozos de vehículos e incendios de al menos 25 residencias de políticos relacionados con el partido en el poder.
Se trata de un brote de violencia en medio de unas manifestaciones mayoritariamente pacíficas, cuyo peor incidente hasta la fecha se produjo en el distrito central de Kegalle el pasado 19 de abril, con un muerto y 24 heridos, después de que la policía respondiera con fuego real al lanzamiento de piedras.
La reacción más inmediata a la grave violencia de ayer fue la dimisión del primer ministro a primera hora de la tarde del lunes, aunque ese puesto es sobre todo ceremonial y los manifestantes aún exigen la renuncia de Gotabaya Rajapaksa como Presidente del país.
Gotabaya ha repetido sus llamados a la formación de un Gobierno de inclusión nacional, aunque por el momento ha descartado dimitir.
Los disturbios llevaron a las autoridades a imponer con efecto inmediato un toque de queda nacional, que se suma al estado de emergencia en el que se encuentra inmerso el país desde la noche del pasado viernes.