La supuesta ruptura de un pacto entre el Gobierno de El Salvador y la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) habría desencadenado una ola de asesinatos a finales de marzo, que llevó al Congreso a declarar un régimen de excepción, según una investigación publicada por el medio salvadoreño El Faro la noche de este martes.
Entre el 25 y 27 de marzo fueron asesinadas 87 personas en El Salvador y el día 26 se colocó como el más sangriento de la historia reciente salvadoreña con 62 homicidios.
El medio afirmó haber contactado a supuestos portavoces de la referida pandilla, quienes les señalaron la relación entre los asesinatos y el "pacto que mantenían desde hace al menos dos años y medio".
De acuerdo con El Faro, la escalada de asesinatos se dio tras la captura de miembros de la pandilla que eran trasladados en un vehículo gubernamental.
Además publicó una serie de grabaciones que supuestamente fueron hechas a Carlos Marroquín, funcionario del Gobierno de Nayib Bukele y quien fue sancionado por Estados Unidos bajo acusaciones de corrupción y de negociar con las pandillas.
"El Faro tiene en su poder una serie de grabaciones en las que se escucha a Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social y uno de los negociadores con las pandillas en representación del Ejecutivo, confesar a sus contrapartes en la MS-13 sus esfuerzos personales por mantener vigente el acuerdo durante el repunte de homicidios", añadió.
El texto consigna que "en las grabaciones, el funcionario culpa de lo sucedido al ministro de Seguridad y Justicia,
Gustavo Villatoro, al que califica de
"loco ministro", y dice estar trasladando al Presidente Bukele los mensajes de las pandillas".
"En cuatro de los siete archivos de audio, Marroquín hace alusión a Bukele y de lo dicho se infiere que el Presidente estuvo todo el tiempo al tanto de las conversaciones de Marroquín con voceros de la Mara Salvatrucha-13. El director de Tejido Social incluso ofreció a un pandillero capturas de pantalla de sus conversaciones con el mandatario", agregó El Faro.
Indicó que "ha verificado la autenticidad de los audios mediante un peritaje técnico, en el que se compara, a través de tres software -dos de audio forense y uno de uso comercial- la voz de Marroquín en algunas de sus intervenciones públicas con la voz que se escucha en las grabaciones".
"El análisis de frecuencia demostró que las tonalidades y frecuencias de las grabaciones coincidían en lo que los software arrojaron como una similitud del 85% al 90%. Esos porcentajes están en los rangos máximos de certeza que esos programas pueden dibujar en sus gráficas al aislar la frecuencia de la voz humana", afirmó el medio.
En diciembre de 2021, el Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció sanciones contra Marroquín y el director de Centros Penales,
Osiris Luna, por las "negociaciones secretas" entre el Gobierno y la MS13.
En un comunicado, EE.UU. señaló que Luna y Marroquín "dirigieron, facilitaron y organizaron" una serie de encuentros con líderes de la pandilla encarcelados, como parte de los esfuerzos del Gobierno salvadoreño para negociar "una tregua secreta" con los jefes de la MS13.
Bajo el régimen de excepción, que cumplió su primer plazo de 30 días y fue ampliado por un período igual, se han detenido a más de 30.000 personas, de acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC).
En este contexto, el Congreso aprobó reformas penales a petición del Presidente Bukele, incluida una que castiga hasta con 15 años de cárcel "cualquier manifestación" que aluda al "control territorial" de las pandillas.
