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Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 13:23
A fin de eliminar costes y trámites para las empresas que comercian solo dentro del territorio británico, el Gobierno conservador propone mediante esta ley crear un "carril verde" que eximiría de controles aduaneros y sanitarios y fitosanitarios innecesarios a los bienes procedentes de Gran Bretaña destinados al consumo en Irlanda del Norte.
Para poder entrar en esta vía rápida, las empresas deberán estar registradas en un nuevo programa de "comerciantes de confianza" supervisado por las autoridades, con penalizaciones para los infractores.
Los bienes procedentes de Gran Bretaña destinados a la República de Irlanda, integrada en el mercado único comunitario, irán por un "canal rojo", en el que se realizan todos los controles de mercancías requeridos por la UE.
Londres se compromete a compartir con Bruselas, a través de un sistema informático gubernamental, datos en tiempo real de los movimientos comerciales a fin de prevenir abusos.
El protocolo obliga a los bienes que entran a Irlanda del Norte a cumplir con la normativa de calidad comunitaria, al margen de si se quedan allí o continúan hacia Irlanda.
El Ejecutivo británico propone que las empresas que solo comercian con Irlanda del Norte puedan elegir si se rigen por los estándares comunitarios (CE), los británicos (UKCA) o ambos, lo que a su juicio ahorrará burocracia y costes y asegurará que los consumidores norirlandeses tengan acceso a todos los artículos producidos en el Reino Unido.
Michelle O'Neill, primera ministra designada de Irlanda del Norte | AP El Gobierno británico considera que, debido a las normas comunitarias sobre subsidios estatales, el protocolo le impide aplicar en Irlanda del Norte desgravaciones fiscales y otras ayudas que concede al resto del Reino Unido, como descuentos en el impuesto sobre el valor añadido (IVA) o el acceso a préstamos durante la pandemia.
El proyecto de ley le da competencias para ofrecer a las empresas y productos que operen solo en Irlanda del Norte las mismas ventajas que se aplican en el resto del país, mientras que los requerimientos de la UE se seguirían imponiendo sobre las compañías y mercancías con destino al mercado único.
El Reino Unido ve injusto que la provincia de Irlanda del Norte (que, en virtud del protocolo que el propio Gobierno británico firmó en 2020, permanece en el mercado único comunitario para bienes) deba regirse por normas dictadas desde Bruselas, que no son aprobadas por sus propias instituciones autonómicas.
También está en desacuerdo con que las disputas tengan que ser resueltas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es un sistema judicial que pertenece a solo una de las partes.
El nuevo proyecto de ley propone introducir un sistema de resolución de disputas que prescinda del TJUE y en última instancia permita recurrir a un arbitraje independiente.
