La flamante fiscal de la Nación (general) de Perú, Patricia Benavides, confirmó este viernes que continuará con la investigación contra el Presidente Pedro Castillo por dirigir una presunta red criminal enquistada en el Ejecutivo, en la que estarían implicados otros personajes vinculados a su gestión, prófugos de la Justicia.
En una rueda de prensa, luego de juramentar en el cargo, la magistrada indicó que "seguirá la misma línea de investigación" que estaba desarrollando el fiscal supremo Pablo Sánchez en las indagaciones al Mandatario por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
"Sobre la investigación del Presidente Castillo, vamos a seguir la misma línea de investigación iniciada por el doctor Pablo Sánchez, por cuanto la investigación se desarrolla según el debido proceso, respetando el debido proceso y las normas legales", sostuvo.
Por este caso, Castillo fue interrogado hace dos semanas por Sánchez a partir de la hipótesis fiscal que plantea que es el líder de una organización criminal presuntamente encargada de organizar la adjudicación de obras del Estado a empresarios que colaboraron con su campaña electoral y de nombrar a funcionarios afines a esa tarea.
Colaboradores de la Fiscalía han señalado que en esta presunta red criminal están involucrados el exministro Juan Silva, el ex secretario general de la Presidencia Bruno Pacheco y dos sobrinos del Mandatario, quienes se mantienen prófugos de la Justicia.
El pasado jueves, un tribunal supremo rechazó un recurso de "tutela de derechos" presentado por el abogado de Castillo para que se ordene la suspensión de cualquier investigación contra el gobernante, ya que su defensa considera que goza de inmunidad absoluta durante su mandato.
De hecho, la defensa del jefe de Estado anunció que acudirá a fueros superiores, como el Tribunal Constitucional, e incluso supranacionales, para apelar la decisión judicial que dio marcha libre a la investigación fiscal y conseguir que se anule esas pesquisas.
Investigación en el Congreso
De este caso abierto en la Fiscalía de la Nación se desprendió una investigación contra el Mandatario en la Comisión de Fiscalización del Congreso, que ayer aprobó un informe que lo acusa de encabezar esta mafia que actuaría en el interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que integrarían otras 18 personas, entre exministros, exfuncionarios y empresarios.
Según el informe del grupo parlamentario, que también acusa al Mandatario de una supuesta injerencia en los ascensos de altos mandos de las Fuerzas Armadas, esta organización criminal habría cometido actos ilícitos desde julio de 2021, cuando Castillo asumió la Presidencia de Perú, hasta fines de ese año.
En caso de que este informe sea refrendado por el pleno del Congreso, será enviado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, para que evalúe las posibles infracciones a la Constitución, y al Ministerio Público, para que establezca eventuales responsabilidades penales.
La fiscal suprema Patricia Benavides Vargas fue elegida la semana pasada de manera unánime como nueva fiscal de la Nación en reemplazo de Sánchez, quien ocupaba el cargo de manera interina desde el pasado 30 de marzo tras el término del período de tres años que ejerció Zoraida Ávalos.
La nueva fiscal general peruana tiene una maestría en Derecho Civil y Comercial y un doctorado en Derecho, otorgados por la Universidad Alas Peruanas, así como un máster en derecho penal y garantías constitucionales por la Universidad de Jaén.
Según informó, tiene una trayectoria de 27 años en el Ministerio Público, donde comenzó como fiscal adjunta hasta llegar a ser fiscal suprema adjunta, y trabajó en los distritos fiscales de Huancavelica, Ica y Lima.
