El Ministerio de Gobierno (Interior) de Bolivia informó este martes que apeló la sentencia de 10 años de cárcel contra la ex Mandataria transitoria Jeanine Áñez por la forma en que asumió la Presidencia interina del país en 2019 y que ha solicitado 15 años de prisión.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, indicó a los medios que ya "impugnaron" la sentencia dictada el pasado 10 de junio para la ex Mandataria acusada de los delitos de resoluciones contra la Constitución e incumplimiento de deberes dentro del caso conocido como "golpe de Estado II" .
"Estamos pidiendo como Ministerio de Gobierno que
se pueda ampliar a 15 años (la sentencia), sabemos que la parte acusada o sentenciada también ha interpuesto su apelación correspondiente. En los próximos meses ya se determinará o saldrá el auto de vista", dijo el ministro.
El lunes la defensa de la ex Presidenta presentó en Sucre, la capital constitucional del país y sede del Poder Judicial, un recurso de apelación incidental contra la sentencia, argumentando que hubo "injerencia política".
Del Castillo comentó que la apelación "seguramente" tendrá que llegar hasta el Tribunal Supremo de Justicia en Sucre para luego determinar qué procede.
"Lo que estamos buscando es que haya justicia para el pueblo para que el día de mañana no se repitan estos hechos", sentenció la autoridad.
A su juicio, Áñez y sus "cómplices" tienen que
"tener una sentencia de acuerdo a las conductas contrarias a la Constitución Política del Estado", por lo que consideró adecuada una sanción de 15 años.
Un mensaje en las redes sociales de la ex Mandataria que son manejadas por sus familiares señaló que ya son "493 días del atentado contra la libertad" de Áñez y que la "mantienen secuestrada como presa política por delitos inventados para encubrir un fraude electoral".
Antecedentes
El caso "golpe de Estado II" tuvo como principales acusadores a la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Gobierno que consideraron que Áñez asumió indebidamente la Presidencia durante la crisis política de 2019 al vulnerar los reglamentos del Legislativo.
La defensa de Áñez argumentó que accedió a la Presidencia en su condición de segunda vicepresidenta del Senado a causa del "vacío de poder" tras la renuncia del entonces Mandatario, Evo Morales, su vicepresidente y las cabezas de las cámaras Alta y Baja.
La justicia determinó el pasado mes 10 años de cárcel para la ex Mandataria transitoria por el caso "golpe de Estado II" y está detenida preventivamente desde marzo del año pasado por otro caso conocido como "golpe de Estado I", acusada por delitos de terrorismo, sedición y conspiración.
Esta sentencia motivó a que organismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Bolivia observen que en el proceso contra Áñez hubo un "uso excesivo" de la detención preventiva, entre otros cuestionamientos.
Asimismo el relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, señaló que a Áñez le corresponde un juicio de responsabilidad al ser expresidenta, al margen de la forma en que llegó al poder.
También la Unión Europea y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido se pronunciaron al respecto señalando que "no se respetó plenamente el derecho al debido proceso" y que el sistema judicial tiene "deficiencias", mientras que el Gobierno boliviano rechazó estos pronunciamientos.
