El obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, crítico del presidente nicaragüense Daniel Ortega, fue detenido este viernes y trasladado a su residencia familiar en Managua donde permanece privado de libertad, en el último episodio del enfrentamiento entre el gobierno y la Iglesia Católica.
La policía irrumpió de madrugada en la curia de Matagalpa, en el norte del país, donde Álvarez permanecía sitiado desde hacía dos semanas, y lo trasladó por la fuerza a Managua.
"El señor obispo se mantiene en resguardo domiciliar en esta ciudad capital", dijo la Policía en un comunicado. "Ha podido reunirse con sus familiares esta misma mañana", así como con el cardenal y arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, agregó.
Condición física desmejorada
El cardenal Lepoldo Brenes, tras reunirse con Álvarez "en su residencia familiar", donde está detenido, observó que "su condición física está desmejorada" pero que su "ánimo y espíritu están fuertes", según un comunicado de la Arquidiócesis de Managua.
Brenes abogó porque "la razón" y "entendimiento" prevalezcan para una solución a la situación "critica y compleja".
La Policía explicó que Álvarez fue trasladado desde la curia de Matagalpa a Managua "con respeto y observación de sus derechos", aunque Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), dijo a la AFP que la intervención policial en la curia se produjo "con violencia".
La Policía precisó que tomó la decisión de trasladar a Álvarez debido a que persistía en sus actividades "desestabilizadoras y provocadoras". Los cinco sacerdotes, dos seminaristas y un laico que permanecían con Álvarez en la curia también fueron llevados a Managua. Todos están bajo investigación en la Dirección de Auxilio Judicial, un centro de detención conocido como El Chipote, según el Cenidh.
La vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, en su alocución diaria reiteró lo informado por la policía y dijo que están "pendientes" de la preservación de la seguridad y concordia en el país.
Preocupación de la ONU
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se mostró "muy preocupado por el grave cierre del espacio civil y democrático en Nicaragua, y por recientes acciones contra organizaciones de la sociedad civil, incluidas las de la Iglesia católica", dijo el portavoz Farhan Haq a periodistas en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro también condenó la detención de Álvarez y demandó su liberación y la de todos los detenidos.
La propia diócesis de Matagalpa (norte) alertó en la madrugada del ingreso de la policía a la residencia del obispo. "SOS. Urgente. En estos momentos la Policía Nacional ha ingresado a la Curia Episcopal de nuestra Diócesis de Matagalpa", publicó en su cuenta de Facebook.
"Secuestro nocturno"
El obispo nicaragüense Silvio Báez condenó desde Miami a través de Twitter lo que llamó "el secuestro nocturno" de Álvarez.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) dijo que este hecho es una "herida" que sufre la iglesia, y el obispado de Perú dijo que acompaña "de modo particular, con su oración, a quienes han sido privados de su libertad".
Nicaragüenses exiliados en Costa Rica se manifestaron contra la detención de Álvarez ante la embajada de Nicaragua en ese país.
Por su parte, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, consideró "aberrantes" los hechos que rodean la detención del obispo Álvarez y pidió su liberación.
Los obispos de Cuba lamentaron el "aumento progresivo de episodios dolorosos" en Nicaragua y pidieron que "prime la sabiduría y sensatez". El Vaticano no se ha pronunciado hasta el momento sobre estos hechos.
Álvarez, de 55 años, estaba sitiado en la curia de Matagalpa por la policía desde el 4 de agosto en el marco de una pesquisa por "organizar grupos violentos" e incitar al "odio" para "desestabilizar al Estado de Nicaragua".
El obispo había denunciado el cierre por parte de las autoridades de cinco emisoras católicas y reclamara al gobierno de Daniel Ortega respeto a la "libertad" religiosa.
La situación con el obispo ocurre en medio de roces de la Iglesia con el gobierno de Ortega, un ex guerrillero de 76 años que se mantiene en el poder desde el 2007, amparado en tres reelecciones sucesivas, la última en noviembre de 2021 con sus opositores presos o exiliados y en medio de cuestionamientos internacionales.
En medio de la crisis, detonada por protestas opositoras, la Iglesia intentó en 2018 y 2019 mediar un diálogo entre el gobierno y la oposición.
El mandatario reprochó a los obispos haber acogido una propuesta opositora que buscaba resolver la crisis adelantando los comicios del 2021 para recortar su período presidencial.
Desde entonces, las relaciones han ido en deterioro. Este año hubo cierre de medios católicos, entre ellos el canal de la Conferencia Episcopal, y la reciente detención del sacerdote Oscar Benavídez, sin que se conozcan las razones.
También se ilegalizó a la Asociación Misioneras de la Caridad, de la orden de la madre Teresa de Calcuta, que abandonó el país en julio. En marzo ya había sido expulsado al nuncio apostólico, Waldemar Sommertag, quien participó en 2019 en las negociaciones entre gobierno y oposición.
