La vicepresidenta Cristina Fernández y el fiscal Diego Luciani.
La Nación, GDA
Apenas el fiscal Diego Luciani terminó de pedir 12 años de cárcel para la vicepresidenta argentina Cristina Fernández y se apagó la cámara que transmitía por Zoom desde su despacho, los 13 empleados de la Fiscalía, fuera de cuadro, no pudieron contener la emoción y la tensión acumulada en tres años de juicio: hubo llantos y felicitaciones mutuas por el trabajo realizado.
Allí arriba, en el despacho del noveno piso de los tribunales, el último del edificio, donde no llega el ascensor y hay que subir dos pisos por escalera, estaban reunidos los empleados, los fiscales Luciani y Sergio Mola y otros fiscales federales que se acercaron para darle apoyo. Los relatos de empleados del lugar permitieron reconstruir para La Nación el clima que se vivió esa tarde, donde se recibieron llamadas de fiscales de todo el país, y hubo alivio.
Los testimonios refieren que
muchos empleados lloraron, dando rienda suelta a la emoción acumulada. No hubo festejos, sino la idea de que compartieron durante tres años que duró el juicio una tarea que generó una mística de equipo.
El grupo de trabajo estuvo integrado por una mayoría de jóvenes empleados judiciales, sub-30, nacidos en los '90, cuando la corrupción menemista recién asomaba en el país vecino, y unos pocos que arañaban los 40 y 50 años. Algunos se incorporaron especialmente para la realización de este juicio.
Con la guía de Luciani y Mola, el impulso lo puso una secretaria de la Fiscalía. Los que la conocen de tribunales destacan su solidez en lo jurídico. A medida que se complejizaba la preparación del juicio se fueron sumando otros especialistas.
Fue clave la llegada de un especialista en derecho administrativo, que se sumergió en los expedientes de licitaciones. Se trata de un mundo crítico para un penalista y eran necesarios traductores que pudieran ver en los expedientes de obras, evidencias que se escapaban a los abogados especializados en delitos de corrupción, narcotraficantes, tratantes de personas y violadores de los derechos humanos.
Otra incorporación fundamental fue la de un especialista en informática, que ayudó con el procesamiento de los datos, la digitalización de los expedientes y los miles y miles de documentos que acompañan la causa. Y más importante aún, que permitió un sistema de búsqueda en esos terabytes para encontrar la foja necesaria.
Luego se sumaron expertos que trabajaron temas específicos: presupuesto y el funcionamiento de la AFIP, otro mundo desconocido para aquellos que no se tutean con los delitos de evasión todos los días.
El alegato que terminó el lunes se fue preparando durante tres años, desde las primeras audiencias del juicio donde se trazó una estrategia basada en los documentos, en los expedientes de licitación como la prueba alrededor de la que iba a girar la acusación. Se completó con las declaraciones de los testigos y con la sorpresa del juicio, que indignó a Cristina Fernández: los mensajes de WhastApp del teléfono de José López (ex secretario de Obras Públicas condenado por corrupción).
Las declaraciones de cada uno de los casi cien testigos se fueron clasificando y el resultado ya sumaba para la redacción de la estructura del alegato. Para ir amando el rompecabezas. Un trabajo grupal, coordinado por Luciani, poniendo las piezas en cada lugar.
Quienes transitaron esos tres años de trabajo destacan
los valores éticos de los integrantes del equipo, su discreción (no hubo filtraciones) y su dedicación: no había horario de salida.
Las audiencias de los lunes motivaban que grupos de empleados se quedaran el fin de semana trabajando en la fiscalía o en sus casas para preparar la primera declaración de la semana. Los empleados empujaban a los fiscales, dijo uno de los testigos de esa tarea.
Otro elemento importante en la construcción del alegato fue el apoyo institucional del Procurador interino, Eduardo Casal, el soporte logístico y la colaboración del equipo de comunicación, que ayudó a realizar las visualizaciones multimedia que acompañaron el alegato de la Fiscalía.
Cada tema del alegato se fue asignando a un empleado o un grupo de empleados que iban cerrando cada capítulo. Cada tramo era un alegato en sí mismo. Unos estudiaron la participación, otros la calificación, otros las evidencias del direccionamiento, otros las reasignaciones presupuestarias y otros las planillas adjuntas a los sucesivos presupuestos que aprobó el Congreso.
El mojón, el primer acto decisivo que fortaleció la unidad del equipo, tuvo lugar el
14 de mayo de 2019, cuando la Corte Suprema pidió el expediente de la causa de Vialidad a una semana de la fecha fijada para el inicio del juicio oral y público. La Fiscalía hacía un año que estaba trabajando en la realización del proceso y se oponía a que esta argucia impidiera que se comenzara a juzgar a Cristina Fernández, que aún no era vicepresidenta.
Esa noche la fiscalía trabajó hasta las 3 de la madrugada, nadie abandonó el edificio de Comodoro Py hasta que terminaron un escrito que elevaron a la Procuración General de la Nación, para que Casal interviniera y permitiera que el expediente regresara a tiempo para iniciar el juicio. En el Tribunal Oral Federal 2 se vivía el mismo ritmo frenético, hubo pujas entre los jueces y finalmente se impuso la decisión de mostrarse firmes ante la Corte.
El día en que la Corte devolvió el expediente y se enteraron que el juicio iba a comenzar a tiempo, la angustia también dio paso al alivio. La sensación era que habían ganado la primera de las batallas. Multiplicada, la escena se repitió este lunes, al concluir la exposición de Luciani. Cuentan los funcionarios que, además de las emociones por el trabajo realizado en equipo, sobrevoló el orgullo de la pertenencia al Ministerio Publico y la conciencia de lo que les había costado llegar a ese momento por los obstáculos que debieron superar, pandemia incluida.
Pero, sobre todo, hubo una autopercepción de llevar sobre los hombros el peso de una responsabilidad institucional acorde con el trabajo: acusar por el mayor caso de corrupción de la historia argentina a una vicepresidenta en ejercicio de sus funciones.
El alegato se cerró. Pero el equipo también es consciente de que este fue solo el primer paso de un proceso que está muy lejos de finalizar.
