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Santiago: Miércoles 04 de diciembre del 2024 | Actualizado 00:35
Operaciones militares. Militantes del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (ARSA) organizan ataques coordinados contra puestos de policía en el estado de Rakáin, en Myanmar, y matan al menos a una docena de agentes. Los militares toman represalias con operaciones en las aldeas rohingyas, supuestamente para expulsar a insurgentes. Se informa que mataron a 400 rebeldes, pero opositores afirman que la mayoría de los fallecidos son civiles. La ONU afirma que al menos 1.000 personas perdieron la vida en las dos primeras semanas de operaciones militares.
Éxodo de refugiados. Para este día, más de 120.000 rohingyas habían huido a Bangladesh, desbordando sus mal equipados campos de refugiados. Antes ya vivían alrededor de 200.000 rohingyas procedentes de anteriores olas de violencia.
Agencias Suu Kyi rompe el silencio. La ira internacional aumenta contra Myanmar. Soldados son acusados de arrasar los hogares rohingyas y algunos líderes mundiales alegan "limpieza étnica". En su primera declaración sobre la crisis, la líder civil birmana y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, se compromete a pedir cuentas a los violadores de derechos humanos, pero se niega a culpar a los militares.
Posible "genocidio". Bangladesh y Myanmar acuerdan empezar a repatriar a los refugiados, pero el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados dice que no hay condiciones para un retorno seguro y el proceso se detiene. El jefe de derechos humanos de la ONU, Zeid Ra'ad Al Hussein, advierte el 5 de diciembre de posibles "elementos de genocidio" y pide una investigación internacional.
Tribunales y sanciones. Decenas de miles de refugiados rohingyas organizan protestas para conmemorar el primer aniversario de su éxodo. Los investigadores de la ONU piden procesar al jefe del ejército de Myanmar, Min Aung Hlaing, y a otros cinco altos mandos militares por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. En noviembre fracasa un intento de repatriar a 2.260 rohingyas, quienes se niegan a marcharse sin garantías de seguridad.
Reporteros detenidos. Dos periodistas de la agencia Reuters son condenados a siete años de cárcel, acusados de violar la ley birmana de secretos de Estado al reportar sobre una masacre de rohingyas. Pasarían más de 500 días encarcelados antes de ser liberados gracias a un indulto presidencial.
Agencias Sanciones de EE.UU.. Washington anuncia sanciones contra el jefe del Ejército de Myanmar y otros tres comandantes. Unos 3.500 refugiados rohingyas son autorizados a volver a casa, pero ninguno se presenta para hacer el viaje el 22 de agosto.
Aumentan los desafíos legales. Gambia presenta una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) acusando a Myanmar de genocidio contra los rohingyas. Tres días después, la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, da luz verde a una investigación completa sobre la persecución de los rohingyas. En la misma semana, un tercer caso es presentado en Argentina bajo el principio de jurisdicción universal.
Suu Kyi en el tribunal. Gambia expone su caso ante la CIJ con Suu Kyi dirigiendo personalmente la defensa de Myanmar. Refuta las acusaciones de genocidio y niega las denuncias "engañosas e incompletas", insistiendo en que Myanmar está lidiando con un "conflicto armado interno". Admite que los militares pudieron haber desplegado un uso excesivo de la fuerza.
Sentencia del tribunal. En su sentencia, la CIJ ordena a Myanmar a tomar medidas urgentes para evitar el presunto genocidio y que informe dentro de cuatro meses.
EFE Sin jurisdicción. Los militares dan un golpe de Estado e inician una sangrienta represión. Suu Kyi es detenida, mantenida en arresto domiciliario y después condenada a 17 años de cárcel.
Declarado genocidio. Estados Unidos declara oficialmente que los rohingyas fueron víctimas de genocidio en 2017. Al día siguiente, la CIJ determina que el proceso iniciado por Gambia puede seguir adelante.
Asesinatos en los campos. dos líderes de la comunidad rohingya son asesinados en un campo de refugiados, el último de una serie de homicidios en estos recintos. Fuentes rohingyas responsabilizan a ARSA, acusado de introducir narcóticos, matar a oponentes políticos e instaurar un clima de miedo en los campos.
