La ONU publicará este miércoles su informe sobre las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos contra la etnia uigur, mayoritariamente musulmana, en la región china de Xinjiang (noroeste), pese a la presión ejercida por Beijing para impedirlo.
"El informe será publicado de aquí al final del día", dijo Jeremy Laurence, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
La Alta Comisionada,
Michelle Bachelet, que este miércoles termina su mandato al frente de esa instancia de Naciones Unidas, cumple así su promesa de publicar este documento tan esperado antes de irse.
"Más vale tarde que nunca. Este será un momento decisivo", declaró a la AFP Sophie Richardson, directora de la ONG Human Rights Watch para China.
Ese informe mostrará "que ningún Estado está por encima de la ley", agregó.
Según Richardson, más que el contenido del reporte, lo que reviste más importancia es su existencia misma y el hecho de que se publique, pues
debería obligar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a tomar a cargo el caso.
"No continuar no es una opción", subrayó.
Genocidio
Nada se ha filtrado hasta el momento del contenido del informe y sus términos serán analizados detalladamente.
Estados Unidos acusa a China de "genocidio" en Xinjiang. Los parlamentos de Francia, Reino Unido, Países Bajos y Canadá también definieron de ese modo el tratamiento infligido por las autoridades chinas a los uigures.
Xinjiang y otras provincias de China se han visto golpeadas durante décadas, y sobre todo de 2009 a 2014, por atentados atribuidos a islamistas o separatistas uigures.
Desde hace varios años, la región ha sido objeto de una intensa vigilancia, con cámaras por doquier, dispositivos de detección de metales, patrullas militares en las calles y restricciones en la entrega de pasaportes.
Estudios occidentales, fundados en interpretaciones de documentos oficiales, testimonios de presuntas víctimas y datos estadísticos, acusan al gobierno chino de haber internado en "campos" a por lo menos un millón de personas, sobre todo uigures, musulmanes de lengua emparentada con el turco.
También denuncian el sometimiento de la población a "trabajos forzados" y la práctica de esterilizaciones y abortos "forzados" de la población uigur.
China niega categóricamente todas esas acusaciones y afirma que esos "campos" son "centros de formación profesional" destinados a alejar a los habitantes del extremismo religioso.
Según Beijing, esas instalaciones ya se habrían cerrado, pues todos los "estudiantes" habrían "terminado su formación".
Rechaza igualmente la práctica de esterilizaciones forzada, aunque admite que aplica una política de limitación de la natalidad, tanto en Xinjiang como en el resto del país, que en la región se había relajado.
Presiones
En una rueda de prensa de despedida, Bachelet reconoció el jueves pasado que se vio confrontada a mucha presión, tanto por parte de países favorables a la publicación del informe -como Estados Unidos- como por parte de los que se oponen, empezando por las autoridades chinas.
El martes, durante una ceremonia del Consejo de Derechos Humanos con ocasión del fin del mandato de la ex Presidenta chilena, la embajadora británica para los Derechos Humanos, Rita French, y ONGs manifestaron su preocupación por la demora en la publicación del informe.
"Es esencial para todos nosotros
que ningún Estado quede exento de un examen minucioso y objetivo de su balance en materia de derechos humanos y que no se autorice a ningún Estado a acallar la voz independiente de la Alta Comisionada", declaró French.
Un vocero de la diplomacia china reiteró este miércoles que el gobierno comunista de la potencia asiática "se opone con firmeza" a la publicación del texto, "una farsa orquestada por Estados Unidos y un pequeño número de países occidentales".
"Esperamos que la Alta Comisionada tome la decisión correcta", abundó.
