La ONU advirtió este miércoles de la posible comisión de "crímenes contra la humanidad" en la región china de Xinjiang, en un esperado informe publicado minutos antes de que Michelle Bachelet dejara su puesto de Alta Comisionada para los Derechos Humanos.
"El alcance de la detención arbitraria y discriminatoria de uigures y miembros de otros grupos mayoritariamente musulmanes (...) puede ser constitutivo de crímenes internacionales, en particular crímenes contra la humanidad", afirma el informe en sus conclusiones.
El documento señala que la legislación antiterrorista provocó la "privación de la libertad a gran escala" de esas minorías al menos entre 2017 y 2019.
Desde entonces el patrón parece haber variado y los centros en los que eran confinados -denominados por el gobierno "centros de educación vocacional"- se han reducido en tamaño y número, pero las detenciones siguen practicándose mediante procesos penales que han dado lugar al aumento del tiempo y cantidad de encarcelamientos de uigures en particular.
El informe cita "patrones de tortura" dentro de lo que Beijing llamó centros vocacionales, que formaban parte de su supuesto plan para impulsar el desarrollo económico en la región, y señala denuncias "creíbles" de tortura o malos tratos, incluidos casos de violencia sexual.
El reporte se extrajo de entrevistas con ex detenidos en ocho centros de detención separados en la región. Y sus autores sugieren que China no siempre estuvo disponible con información, diciendo que las solicitudes de algunos conjuntos específicos de información "no recibieron una respuesta formal".
La ONU señala además que no pudieron confirmar las estimaciones de cuántas personas fueron detenidas en los campos de internamiento, pero agregan que, según la evidencia, es razonable concluir que el número retenido "al menos entre 2017 y 2019 fue muy significativo, y comprende una proporción sustancial de uigures y otras poblaciones minoritarias predominantemente musulmanas".
Presiones de China
El informe pide una respuesta internacional urgente a las denuncias de tortura y otras violaciones de derechos en la campaña de Beijing para erradicar el terrorismo.
Asimismo, la ONU descartó los repetidos llamados chinos para que su oficina retenga el informe, ya que Beijing sostiene que es parte de una campaña occidental para difamar la reputación de China.
El informe ha avivado un tira y afloja por la influencia diplomática con Occidente sobre los derechos de los uigures nativos de la región y otros grupos étnicos predominantemente musulmanes.
El documento, que diplomáticos occidentales y funcionarios de la ONU dijeron que estuvo casi listo durante meses, se publicó cuando faltaban solo unos minutos para el final del mandato de cuatro años de Bachelet. Fue inesperado abrir nuevos caminos significativos más allá de los hallazgos radicales de grupos de defensa independientes y periodistas que han documentado preocupaciones sobre los derechos humanos en Xinjiang durante años.
Pero el informe de Bachelet viene con el visto bueno de las Naciones Unidas y los estados miembros que la componen. El período previo a su lanzamiento alimentó un debate sobre la influencia de China en el organismo mundial y personificó el escalofrío diplomático intermitente entre Beijing y Occidente sobre los derechos humanos, entre otros puntos conflictivos.
