El Presidente de Argentina, Alberto Fernández, convocó para este viernes a representantes de distintos sectores a una reunión para construir un consenso contra la violencia, luego del atentado sufrido por la vicepresidenta del país, Cristina Fernández.
Fuentes oficiales informaron que el jefe de Estado convocó para la tarde de este viernes en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, a representantes de los sectores sindicales, sociales, empresariales, de derechos humanos y de diferentes credos religiosos para "construir un amplio consenso contra los discursos del odio y la violencia".
La convocatoria fue lanzada tras finalizar una reunión del gabinete de Gobierno encabezada por Alberto Fernández.
En el encuentro, convocado de urgencia, se analizó "el estado de conmoción social derivado del intento de asesinato de la vicepresidenta", según indicó en un comunicado la Presidencia argentina.
En la noche de este jueves, un hombre de nacionalidad brasileña fue detenido tras apuntar con un arma a la vicepresidenta y engatillar, sin que saliera el disparo de bala, en momentos en que Cristina Fernández regresaba a su departamento en el barrio capitalino de Recoleta, donde la esperaban militantes kirchneristas.
Tras el ataque, Alberto Fernández dio un mensaje por cadena nacional para repudiar el hecho y decretar este viernes como día no laborable para que los ciudadanos puedan expresarse en las calles en contra de la violencia.
Los ministros del gabinete de Gobierno confirmaron que participarán este viernes de la movilización en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada en Buenos Aires, e invitaron a los ciudadanos a manifestarse "en defensa de la democracia y en solidaridad con la vicepresidenta", según el comunicado.
Por otra parte, la presidenta de la Cámara de Diputados,
Cecilia Moreau, informó en la reunión de gabinete que se convocó a una sesión especial de la Cámara Baja para este sábado con el objetivo de repudiar el ataque a Cristina Fernández.
El grave incidente se dio en un contexto de fuerte tensión política entre oficialismo y oposición, que se ha recrudecido después de que el pasado 22 de agosto un fiscal solicitara una condena de 12 años de prisión para la vicepresidenta en el marco del juicio oral al que es sometida por presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas durante su Gobierno (2007-2015).
