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Cristina Fernández declara ante la justicia y responsabiliza a jueces y fiscales por el atentado fallido en su contra

En la intervención transmitida desde su despacho, la vicepresidenta argentina aseguró que forma parte de "un juicio lleno de mentiras, calumnias y difamaciones".

23 de Septiembre de 2022 | 16:49 | AFP/Editado por Ramón Jara A., Emol
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AFP
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, sostuvo que la acusación de corrupción en su contra creó el clima para el ataque que sufrió el 1 de septiembre, en su discurso de defensa este viernes ante el tribunal de la causa.

"Hasta el 1 de septiembre pensaba que esto (el juicio por presunta corrupción) era para estigmatizarme a mí y al peronismo, para proscribirme. Pero a partir del 1 de septiembre me di cuenta de que puede haber otra cosa más", dijo Fernández, al evocar el atentado del que salió indemne, en el que un hombre gatilló muy cerca de su cara una pistola que no se disparó.

Por el hecho han sido detenidas hasta ahora el atacante y otras tres personas vinculadas a él. Pero la vicepresidenta, que se refirió al grupo como la "banda de autores materiales", destacó "que nadie puede pensar que esa banda ideó y planeó ese ataque".

El atacante, un hombre de 35 años, pudo llegar hasta la vicepresidenta camuflado entre cientos de militantes que a diario se manifestaban en solidaridad con ella a las puertas de su casa, en repudio al pedido de condena de la Fiscalía.

De 69 años, presidenta entre 2007 y 2015 y figura política de peso en el peronismo, Fernández está acusada de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada, delitos por los que la Fiscalía solicitó una pena de doce años de cárcel y su inhabilitación política perpetua.

"Desde el ámbito de lo judicial se da licencia social para que cualquiera pueda pensar y hacer cualquier cosa", enfatizó la vicepresidenta, al cuestionar también a la oposición política y a la prensa.

"Eso es crear un clima", se lamentó. "Me siento muy en estado de indefensión, muy intranquila", añadió en su intervención ante el tribunal que la escuchó en los alegatos finales de defensa, la última etapa antes de que los jueces emitan un veredicto.

Debido a sus fueros parlamentarios, Fernández no puede ser detenida ni inhabilitada mientras no haya una sentencia firme en su contra de la Corte Suprema de Justicia.

"Mentiras, calumnias, difamaciones"

Para el analista político Carlos Fara, el alegato "fue un compendio del decálogo de victimización" y una "defensa política esperable, con todos los argumentos que habitualmente viene desarrollando" la vicepresidenta.

"Lo más novedoso es que haya dejado un manto de sospecha sobre la causa del ataque en su contra. Con esto incorpora un elemento de politización claro a la investigación judicial por el atentado", dijo Fara a la AFP.

En su defensa de una hora y media, Fernández denunció "un claro caso de prevaricato".

"El fiscal (Diego) Luciani y el fiscal (Sergio) Mola mintieron en el alegato fiscal de acusación. Es un juicio lleno de mentiras, calumnias y difamaciones", sostuvo en la intervención realizada de forma remota desde su oficina de la presidencia del Senado.

Un pequeño grupo de sus seguidores se congregó a las puertas del Congreso con banderas y pancartas mientras Fernández realizaba el alegato.

La vicepresidenta protestó porque el tribunal había desestimado en agosto concederle una ampliación de su declaración indagatoria, que solicitó tras los alegatos de la Fiscalía en los que, según ella, se habían incorporado nuevos elementos.

Por ello, enfatizó que su intervención de este viernes "no es una graciosa concesión del tribunal", sino una prerrogativa que le da el hecho de ser abogada de profesión.

En este juicio oral que comenzó en 2019 está acusada junto a otras doce personas por supuestamente haber orientado la concesión de licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz (sur), su cuna política, para favorecer al empresario Lázaro Báez.

Se espera que el veredicto se conozca hacia fines de este año.

Fernández ha sido sobreseída en varias causas por presuntos delitos ocurridos cuando fue presidenta, pero aún enfrenta cinco procesos.
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