La junta militar de Myanmar condenó el jueves a la depuesta líder civil
Aung San Suu Kyi a tres años más de cárcel por vulneración de la ley de secretos oficiales, en un proceso denunciado como político por la comunidad internacional.
La enésima sentencia se suma a otras de un total de 20 años de cárcel para la antigua dirigente, por acusaciones como corrupción o fraude electoral dirimidas en juicios a puerta cerrada.
Además,
la premio Nobel de la Paz de 77 años, detenida desde el golpe de Estado de febrero de 2021,
se enfrenta todavía a otras acusaciones que le pueden conllevar hasta 120 años de prisión.
Junto a ella,
el tribunal de la junta militar en la capital Naipyidó también condenó a un ex asesor suyo, el economista australiano Sean Turnell, y otras tres personas, señaló la misma fuente.
"El señor Sean Turnell, Daw Aung San Suu Kyi y otras tres personas fueron sentenciadas a tres años de cárcel bajo la Ley de Secretos de Estado", dijo esta fuente a AFP, precisando que
la depuesta dirigente civil recurriría el veredicto.
Tim O'Connor, director de la unidad de Impacto de Amnistía Internacional en Australia, declaró que
Turnell no disfrutó de un proceso justo, sin acceso a un abogado ni a asistencia consular.
"El proceso fue una verdadera impostura y el ejército de Myanmar debe liberar inmediatamente a Turnell para que pueda volver con su familia en Australia", declaró.
La ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Penny Wong, también rechazó la condena y exigió a la junta militar su "liberación inmediata".
Turnell era consejero de Aung San Suu Kyi y fue detenido después del golpe militar mientras participaba en una entrevista telefónica con la cadena británica BBC.
Los detalles exactos de la acusación contra él no se han hecho públicos, aunque la televisión estatal indicó que tuvo acceso a "información financiera secreta" e intentó dejar el país.
Ensañamiento judicial
Myanmar se ha instalado en el caos desde el golpe militar de 2021 que depuso al gobierno electo de Aung San Suu Kyi.
Desde el golpe, más de 2.200 civiles murieron y unas 15.000 personas fueron detenidas en la represión contra la disidencia, según una ONG local.
Numerosas voces denuncian un
ensañamiento judicial por motivos políticos con el propósito de apartar definitivamente a la hija del héroe de la independencia, y gran ganadora de las elecciones de 2015 y 2020.
Varios de sus colaboradores cercanos recibieron duras penas de cárcel y un antiguo diputado de su partido, Phyo Zeya Thaw, fue condenado a muerte y ejecutado a finales de julio.
Los militares rechazan estas acusaciones y prometen abrir negociaciones con Aung San Suu Kyi una vez termine su proceso judicial.
"Aunque podríamos haber tomado acciones más severas, somos indulgentes con ella", dijo el jefe de la junta, Min Aung Hlaing, durante una reunión con el emisario de la ONU en agosto.
Los enviados especiales de la ONU y de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) no han podido encontrarse con la dirigente civil en sus visitas a Myanmar.
