"Si no bloqueamos, no nos escuchan". Miles de personas se manifestaron este martes en Francia, donde se vive una jornada de huelga para reclamar aumentos salariales que compensen la inflación y solidarizarse con los huelguistas de refinerías que el Gobierno requisó.
"Hay que resistir. Todos los derechos están siendo atacados. Si no hacemos nada, no logramos nada", dijo a AFP Frédérique, una auxiliar de enfermería de 53 años, antes de participar en la marcha celebrada en París bajo un cielo gris.
Más medios para escuelas, hospitales y para la seguridad social, abandono de las reformas del seguro por desempleo y del atraso de la edad de jubilación de 62 a 65 años, alza salarial por la inflación... Los reclamos no faltan.
Sin embargo, la gota que colmó el vaso de cuatro sindicatos y varias asociaciones juveniles fue que el Gobierno requisó personal en huelga en refinerías para paliar el desabastecimiento de combustible desde hace semanas.
Casi 300.000 personas, según la CGT, y 107.000, según el Ministerio del Interior, pidieron así un alza salarial y defendieron el derecho de huelga en varias ciudades. En París, se registraron disturbios y hubo 11 detenidos.
Estudiantes de liceos profesionales, empleados del sector de la energía o de los transportes, comerciantes, funcionarios, etc., estaban llamados al paro, tres días antes de dos semanas de vacaciones escolares.
Su seguimiento fue desigual. En los transportes, la región de París, por ejemplo, vivió las principales perturbaciones en el servicio de trenes, aunque moderadas, parte de las cuales continuarán miércoles.
"Salario mínimo de 2.000 euros"
La huelga, que rechazan un 49% de los franceses según un sondeo de Elabe, llega en un contexto social tenso y representa el preludio de un otoño e inviernos calientes para el impulso reformista del Presidente Emmanuel Macron.
Cuando Francia dejaba atrás la pandemia, Rusia lanzó una ofensiva en Ucrania que, junto a la respuesta de Moscú a las sanciones occidentales, disparó los precios de la energía y de la alimentación, y el temor de los franceses por la pérdida de poder adquisitivo.
Curtido por la protesta social de los "chalecos amarillos", cuyo detonante en 2018 fue el alza del precio del combustible, el Gobierno del liberal Macron aprobó rápidamente medidas para limitar el encarecimiento de la energía.
Francia, la segunda economía de la Unión Europea (UE), registró en septiembre la tasa de inflación armonizada más baja de la zona euro, un 6,2% interanual, por debajo de otras economías como Alemania (10,9%), Italia (9,5%) y España (9,3%), según Eurostat.
Pero los huelguistas consideran necesario aumentar los sueldos. "Pedimos un salario mínimo de 2.000 euros (1.970 dólares), que equivale a un aumento de 300 euros (295 dólares)", dijo en la radio RTL el secretario general de la CGT, Philippe Martinez.
El reclamo de un alza del 10% motivó la huelga en el gigante energético TotalEnergies iniciada a fines de septiembre y que provocó, junto a la ya desconvocada en su rival Esso-ExxonMobil, un desabastecimiento de combustible.
La primera ministra, Élisabeth Borne, aseguró ante la Asamblea Nacional (cámara baja) que menos de un 25% de las gasolineras continúan con problemas de suministro, frente a un 30% el fin de semana, y llamó a poner fin a la huelga.
El gestor de la red eléctrica RTE advirtió por su lado que si el paro que afecta desde hace semanas a parte de las centrales nucleares continúa, podría afectar a un suministro ya tenso de cara al invierno boreal.
"Superbeneficios"
Los empleados en huelga en TotalEnergies rechazan el acuerdo alcanzado con una mayoría sindical de un alza del 7% en 2023, a su juicio insuficiente ya que la empresa obtuvo más de 10.000 millones de dólares de beneficios en el primer semestre de 2022.
En pleno pulso, el director general de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, justificó su sueldo en 2021 de 5,9 millones de euros (5,85 millones de dólares), el "menos elevado" de los gigantes europeos, y que progresó casi un 52% tras una reducción drástica durante la pandemia.
El rechazo de Macron a crear un gravamen nacional para los "superbeneficios" lo sitúa, según el diario Libération, "en el campo de la gran patronal" y "en total deconexión con una gran parte de los franceses que sufren la inflación cada día".
Su gobierno se prepara incluso para recurrir a un polémico método parlamentario -"probablemente" el miércoles, según su vocero- para evitar un alza del impuesto a los "superdividendos" en las grandes empresas.
Si activa al método del 49.3, el Gobierno podría aprobar su proyecto inicial de presupuesto para 2023 sin el voto de la Asamblea Nacional (cámara baja), cuyos diputados incluyeron esta propuesta en el debate parlamentario en curso.
Pero con este movimiento, el Presidente se arriesga a reforzar su imagen de "autoritario" y tensar el ambiente antes de la explosiva reforma de las pensiones a inicios de 2023.
Su primer intento de acercar la edad de jubilación a la de la mayoría de países europeos provocó protestas masivas en 2019 y 2020. Ahora, Macron amenaza incluso con disolver la Asamblea, donde tiene mayoría simple, si esta no lo aprueba.
