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Santiago: Sábado 01 de febrero del 2025 | Actualizado 01:06
Corte Suprema | WikimediaEl cambio más polémico apuntaría a la Corte Suprema de Israel en lo que los críticos dicen que es un golpe directo a la democracia de Israel.
Los socios de Netanyahu dicen que la Corte Suprema interviene con demasiada frecuencia para desechar leyes de tendencia derechista. Asimismo, reiteran que los votantes eligieron sus legisladores, y cuando el organismo impugna sus proyectos es una verdadera "afrenta a la elección del pueblo".
Israel no tiene constitución, sino que se basa en un conjunto de "leyes básicas" que consagran los derechos y las libertades. Los tribunales tienen la tarea de verificar que la legislación esté a la altura de esas normas. Es por ello que la Corte Suprema es vista como el último recurso para las minorías y otros grupos que impugnan la legislación que perciben como discriminatoria.
La cláusula de anulación, que se espera sea uno de los primeros pasos de la coalición, permitiría al gobierno tratar algunas decisiones de la Corte Suprema como no vinculantes. Según la propuesta, que aún se está negociando, se podría anular los fallos con cualquier mayoría, dando al bloque gobernante un poder abrumador para perturbar el sistema de controles y equilibrios de Israel.
Yaniv Roznai, profesor de derecho en la Universidad Reichman, dijo que una vez que se apruebe la cláusula de anulación, el gobierno podría aprobar otros cambios en la ley que podrían exculpar a Netanyahu.
Los aliados de Netanyahu planean elaborar una ley que pospondría el enjuiciamiento de un primer ministro en ejercicio por presuntos delitos hasta que deje el cargo. Se la conoce como la "ley francesa" porque en en el país europeo los presidentes en ejercicio son inmunes a la persecución.
Los primeros ministros israelíes en funciones pueden ser procesados. Pero a diferencia de Francia, los líderes no tienen límites de mandato, lo que significa que el escudo de inmunidad podría durar años. En el caso de Netanyahu, es el líder con más años de servicio en Israel, ha gobernado durante 15 años y no tiene planes de retirarse.
Según el proyecto, un primer ministro podría ser procesado por algunos delitos, pero excluye los cargos de corrupción. Fuchs, el investigador, dijo que eso hace que la ley parezca hecha a la medida de Netanyahu.
APLos aliados de Netanyahu se han comprometido a eliminar del código penal el mismo cargo del que se acusa al político en tres casos: fraude y abuso de confianza.
Dicen que el delito está mal definido, lo que le da al tribunal demasiada discreción al decidir una condena. Asimismo, agregan que pone a los legisladores en un riesgo excesivo de enjuiciamiento injustificado.
De igual forma, los críticos dicen que borrar el cargo eliminaría una salvaguardia contra la corrupción. Argumentan que atacar el mismo concepto del que se acusa a Netanyahu podría erosionar el estado de derecho, abriendo la puerta a más cambios en el código legal para rescatar a otros legisladores.
Yoav Sapir, exdefensor público en jefe israelí, dijo que cancelar un delito tiene un efecto retroactivo. Eso podría llevar a que se retiren los cargos en los tres casos de Netanyahu y a que dos de los tres casos se desestimen por completo.
En la actualidad, el fiscal general de Israel consulta con el gobierno sobre la viabilidad legal de la legislación y lo representa en los tribunales, al mismo tiempo que tiene la tarea de proteger el interés público de cualquier daño que representen las autoridades gubernamentales. Éste es designado por el ejecutivo y debe ser aprobado por un comité profesional formado por exfuncionarios de justicia y otros.
Los aliados de Netanyahu quieren dividir el cargo de fiscal general en tres trabajos separados, mientras que al menos dos de los cargos son nombramientos políticos.
La actual fiscal general, Gali Baharav-Miara, fue nominada por el gobierno saliente y parece haber respaldado la decisión de su predecesor de acusar a Netanyahu. Y si bien despedirla es complicado y tiene una mala óptica, dividir el cargo la mantendría en su puesto hasta el final de su mandato en 2028, mientras traslada algunas de sus responsabilidades a un designado político que podría decidir detener el juicio.
AFPLos problemas legales de Netanyahu influyen enormemente a sus posibles socios de coalición, que han estado negociando en conversaciones más duras de lo esperado, que ahora están en marcha para formar un gobierno.
Sus aliados piden carteras influyentes, como defensa, finanzas y seguridad pública. También quieren otorgar inmunidad legal a los soldados que operan contra los palestinos, permitir la segregación de género en ciertos espacios públicos y aumentar los estipendios gubernamentales para decenas de miles de judíos ultraortodoxos que en lugar de trabajar estudian textos judíos.
Los partidos ultraortodoxos y de extrema derecha podrían tener la clave para la salvación legal de Netanyahu, otorgándoles un gran poder para decidir la agenda del próximo gobierno y dar forma al futuro de Israel.
