Una nueva ley da más armas al Gobierno de Turquía para censurar a los medios y silenciar a la disidencia, antes de las elecciones en las que el Presidente Recep Tayyip Erdogan aspira a prolongar sus dos décadas en el poder, advierten periodistas y activistas.
Desde 2014, cuando Erdogan llegó a la presidencia, decenas de miles de personas, desde adolescentes de secundaria hasta una antigua Miss Turquía, han sido procesadas en virtud de una ley que penaliza los insultos al jefe del Estado.
Ahora, un nuevo texto aprobado por el Parlamento en octubre
podría llevar a que periodistas y usuarios de redes sociales sean condenados a hasta tres años de cárcel por difundir lo que califica de "noticias falsas".
"La persecución, la investigación y las amenazas forman parte de nuestra vida cotidiana", declaró a la AFP Gokhan Bicici, redactor jefe del portal de noticias independiente dokuz8NEWS, con sede en Estambul.
"Tener más cuidado, intentar en la medida de lo posible no ser un objetivo es la principal preocupación de muchos periodistas en Turquía hoy en día, incluidos los más libres", afirmó.
Los grupos de defensa de la libertad de prensa afirman que la nueva ley podría permitir a las autoridades cerrar internet, impidiendo que el público esté al corriente, por ejemplo, de los supuestos trapos sucios del gobierno que denuncia Sedat Peker, el jefe de la mafia turca en el exilio.
También
temen que el Ejecutivo restrinja el acceso a las redes sociales, como hizo tras el atentado del 13 de noviembre en Estambul, en el que murieron seis personas y que las autoridades atribuyeron al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).
La mayoría de los periódicos y canales de televisión turcos están en manos de aliados del Gobierno y se ajustan a su línea política.
Pero las redes sociales y los medios en internet siguen siendo en gran medida libres, para consternación de Erdogan.
El próximo mes de junio se enfrenta a las elecciones más complicadas desde que se convirtió en primer ministro en 2003 y posteriormente ganó la presidencia.
Los índices de aprobación de su partido han caído a mínimos históricos en medio de una inflación astronómica y una crisis monetaria.
"Enorme control"
Según Yaman Akdeniz, un experto en derechos digitales, la ley otorga una "discrecionalidad amplia e ilimitada a las autoridades" que podría usarse de cara a las elecciones.
"Por eso, no es de extrañar que la primera persona en ser investigada por este delito sea el líder del principal partido de la oposición", comentó a la AFP, en referencia a Kemal Kilicdaroglu.
Este probable candidato a la presidencia en las elecciones del año que viene fue criticado por acusar al Gobierno, en Twitter, de ser
responsable de "una epidemia de metanfetaminas" en Turquía.
Emma Sinclair-Webb, de Human Rights Watch, cree que el Ejecutivo "se está dotando de poderes para ejercer un enorme control sobre las redes sociales".
"La ley pone a las empresas tecnológicas en una posición muy difícil: o cumplir la ley y retirar contenidos o incluso entregar los datos de los usuarios, o enfrentarse a enormes sanciones", apunta.
Cuando la ley se debatía en el Parlamento, los periodistas advirtieron del riesgo.
"Esta ley (...) destruirá lo que queda de la libertad de expresión", declaró Gokhan Durmus, director del Sindicato de Periodistas de Turquía.
"Nos preocupa que esta nueva ley (...) pueda agravar aún más la situación, haciendo que aumente considerablemente el número de procesamientos y encarcelamientos de periodistas", dijo a la AFP
Fatma Demirelli, directora de P24, una organización que defiende la libertad de prensa.
En octubre, nueve periodistas fueron puestos en prisión preventiva, acusados de supuestos vínculos con el PKK, que Turquía y sus aliados occidentales consideran un grupo "terrorista".
