Según la demanda interpuesta contra Ramaphosa el pasado junio por el exjefe de la agencia de inteligencia sudafricana Artur Fraser, en esa fecha se produjo un robo de casi 4 millones de euros escondidos en la granja que tiene el presidente en Phala Phala (norte).
Fraser acusó a Ramaphosa de ocultar ese robo a la Policía y a la Hacienda sudafricanas en una operación de lavado de dinero, así como del presunto secuestro de los ladrones y de intentar sobornarlos para silenciarlos, lo que dio lugar a una investigación policial.
El suceso ocurrió mientras el jefe del Estado asistía a una cumbre de la Unión Africana en Adís Abeba.
Ese mismo junio, el minoritario partido opositor Movimiento Africano de Transformación (ATM, en inglés) interpuso una moción en el Parlamento contra Ramaphosa, lo que motivó el nombramiento de un panel independiente formado por tres miembros y liderado por el expresidente del Tribunal Constitucional Sandile Ngcobo.
El partido acusaba a Ramaphosa, entre otros cargos, de incumplir la Constitución, que prohíbe a los integrantes del Gobierno desempeñar otras labores profesionales remuneradas, después de que el presidente admitiera que se dedica a la venta de animales de presa, al asegurar que la cantidad robada provenía de ese negocio (donde son habituales los pagos en efectivo).
El ATM, con sólo dos escaños parlamentarios, aludió al artículo 89 de la Constitución, que da nombre al panel y permite destituir a un presidente en ejercicio por motivos de una violación grave de la Carta Magna, mala conducta o incapacidad para desempeñar el cargo.
El informe del panel, que tenía competencias muy limitadas de investigación, fue presentado este miércoles y sus conclusiones desencadenaron la actual crisis.
"Prima facie" ("a primera vista"), explicó el panel, el presidente pudo haber cometido una "violación grave" de varias leyes anticorrupción, además de haber incurrido en "mala conducta grave" al exponerse a un "conflicto entre sus responsabilidades oficiales y sus asuntos privados".
"Niego categóricamente que haya violado este juramento de alguna manera, y de igual manera niego que sea culpable de cualquiera de las acusaciones en mi contra", respondió Ramaphosa en un comunicado.
En sus explicaciones al panel, el presidente situó la suma robada en US$580.000 dólares y argumentó que no percibe un salario por esta granja, un negocio que, según él, sufre pérdidas.
Tras hacerse público el informe, la Presidencia anunció el jueves que Ramaphosa se dirigiría a la nación de manera "inminente" para hacer un anuncio, lo que desató las especulaciones sobre su posible dimisión.
Sin embargo, a última hora, el presidente canceló su alocución.
Según reportan medios locales, el círculo más cercano al presidente en el gobernante Congreso Nacional Aficano (CNA) lo convenció para que no tomara una decisión apresurada. Mientras, el Comité Ejecutivo Nacional, máximo órgano de toma de decisiones del partido, se reunirá este lunes para discutir el futuro de su líder.
Al mismo tiempo, la profunda división en el seno del CNA quedó patente cuando dos ministras pidieron este jueves la renuncia del mandatario.
Por su lado, el primer partido de la oposición, la Alianza Democrática (DA), anunció que presentará una moción en el Parlamento para la disolución del Gobierno, lo que llevaría a unas elecciones anticipadas.
Si el propio Ramaphosa no dimite antes, la Asamblea Nacional (Cámara baja del Parlamento) analizará el informe el próximo martes para decidir si continúa con un proceso que podría acabar con una votación parlamentaria sobre la posible destitución del presidente.
Este parece un escenario poco probable, a menos que se desate una rebelión dentro del CNA, ya que la destitución requiere el voto a favor de dos tercios de la Cámara y el partido gobernante representa actualmente un 57,5 %.