No por el momento. La condena solo empezará a ejecutarse una vez que esté firme; esto quiere decir, una vez que ya no queden más recursos ordinarios ni extraordinarios posibles. El fallo –cuyos fundamentos se conocerán el año próximo- puede ser recurrido ante la Cámara Federal de Casación Penal y, después, ante la Corte Suprema de Justicia de Argentina. En el caso de Cristina Kirchner, además, ella no podría ser detenida porque la protegen sus fueros de vicepresidenta al menos hasta el 10 de diciembre de 2023.
Ni la Casación ni la Corte tienen plazos determinados por la ley para resolver, pero normalmente la instancia de los recursos demora varios años. La condena del ex vicepresidente argentino Amado Boudou, por ejemplo, estuvo 11 meses en Casación y casi un año y medio en la Corte, y en el kirchnersimo sostienen que su trámite fue más rápido que lo habitual.
Mientras Cristina Kirchner siga siendo vicepresidenta tendrá fueros, incluso ante una pena de prisión y si su condena quedara firme. En ese caso, se configuraría una causal de juicio político. Esas causales son el mal desempeño de las funciones y la comisión de delitos en el ejercicio del cargo o fuera de la función pública. Entonces, incluso con condena firme, sería necesario el voto de dos tercios de los senadores y de los diputados para sacar a la vicepresidenta de su cargo a través del procedimiento de juicio político. Y lo mismo rige si la condena quedara firme con ella ejerciendo otro cargo que también le otorgara fueros. Si en las elecciones del año próximo decidiera ser candidata a presidenta, estaría asumiendo el riesgo de perder esos fueros en caso de no ganar. Si fuera candidata a senadora, tendría muchas chances de ganar una banca y retenerlos.
El 19 de febrero próximo Cristina Kirchner cumplirá 70 años. La ley establece determinados supuestos en los que el juez de ejecución "podrá disponer" (no es automático) el cumplimiento de la pena impuesta en prisión domiciliaria. Uno de ellos es que el condenado sea mayor de 70 años.
Solo si antes de las elecciones es condenada con un doble conforme (es decir, con dos sentencias condenatorias sucesivas) y siempre que la condena esté firme. Esa es la jurisprudencia vigente de la justicia electoral argentina. Antes, la Cámara Nacional Electoral consideraba que quien tenía una condena confirmada por la Casación ya no podía ser candidato (esa era la doctrina del precedente Raúl Romero Feris), sin esperar que ya no hubiera chance de que la Corte, vía recurso extraordinario, revisara la condena. Pero fue la Corte, por unanimidad, la que impuso un nuevo criterio. Lo hizo en un caso que favoreció a Carlos Menem.
Por eso, si bien la condena de Cristina Kirchner podría matemáticamente estar firme antes de las próximas elecciones, eso sería extremadamente atípico. Jueces y abogados coinciden en que ese no es un escenario probable.
En un hipotético escenario en el que Cristina Kirchner fuera elegida el año próximo para un nuevo cargo y suponiendo que una vez que lo estuviera ejerciendo quedara firme la condena en su contra, ¿perdería el cargo por haber sido inhabilitada? Se provocaría sin dudas un conflicto institucional. No hay antecedentes de una situación semejante. En primer lugar, se debatiría -vaticinó un funcionario de la justicia electoral- si la inhabilitación puede aplicarse a un cargo electivo que ya se está ejerciendo. Hay constitucionalistas que sostienen que la inmunidad que dan los fueros es solo de arresto y no protegen frente a una condena firme de inhabilitación. Sin embargo, un experimentado exsenador opositor dijo a La Nación que en la práctica es impensable que pudiera ser destituida sin que interviniera el Congreso, donde debería reunirse una mayoría calificada para removerla.
En primer lugar, los jueces del TOF 2 que condenaron a Cristina Kirchner: Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu. Cristina Kirchner los acusó de ser un "pelotón de fusilamiento". Se trata de tres jueces de carrera judicial, sin pasado político partidario, que fueron nombrados por la propia Cristina Kirchner durante su gobierno. La defensa de la vicepresidenta recusó, sin éxito, a Giménez Uriburu y a Gorini. Al primero, por compartir equipo de fútbol con el fiscal Luciani y haber ido a jugar torneos a la quinta Los Abrojos, del expresidente Mauricio Macri. A Gorini, por reuniones con Patricia Bullrich cuando ella era ministra de Seguridad. Gorini argumentó que la fue a ver por un tema de su custodia y porque estaban a punto de quedar firmes las condenas por la tragedia de Once y no quería que sucediera lo que había pasado con Amado Boudou, de quien se filtraron fotos, descalzo y en pijama, en el momento de su detención. Después, la encargada de revisar la decisión del TOF 2 será la Sala IV de la Cámara de Casación, hoy conformada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo. Hornos y Borinsky son los jueces a los que Cristina Kirchner denunció por sus visitas a la Quinta de Olivos y la Casa Rosada durante el gobierno de Macri. Si la Cámara de Casación confirmara la condena de Cristina Kirchner, a ella le quedaría un recurso extraordinario ante la Corte.
La doctrina mayoritaria entiende que sí, pero hay constitucionalistas que sostienen que no es posible porque los delitos de corrupción no pueden ser indultados. El indulto no requeriría esperar que la condena quede firme. Pese a que hay constitucionalistas que advierten que no corresponde, en Argentina la Corte avaló el indulto incluso a procesados. Y no es necesario que el beneficiado lo acepte. Fue el caso de Graciela Daleo, que rechazó el indulto de Menem y se le aplicó igual. Antes de asumir la presidencia, Fernández descartó una decisión semejante respecto de su vicepresidenta. "El que piensa que voy a llegar a la Casa Rosada para dar un indulto es un estúpido, yo descreo del indulto. Los presidentes no están para perdonar a nadie", dijo.