Un importante factor de inestabilidad son "los escándalos de corrupción que han afectado a las distintas administraciones, que envuelven a toda la clase política", dijo a la AFP María Luisa Puig, directora de América Latina del centro de análisis de riesgo Eurasia Group.
Cinco recientes expresidentes peruanos son blanco de procesos judiciales por corrupción: Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y ahora Castillo. Un sexto, Alan García, se suicidó en 2019 antes de ser detenido por la policía bajo sospechas de corrupción.
La fiscalía acusa a Castillo de dirigir una presunta "organización criminal" que repartía contratos públicos a cambio de dinero, y cree que su esposa Lilia Paredes y su cuñada Yenifer Paredes son parte de la trama.
"Perú los últimos años ha estado marcado por una crisis política permanente, con altos niveles de confrontación entre Ejecutivo y Congreso", explica Puig.
La conflictividad es latente desde 2018, cuando el expresidente Pedro Pablo Kuczynski fue destituido por el Congreso dominado por el fujimorismo. Su reemplazo, Martín Vizcarra, también fue destituido por el Congreso en 2020, bajo sospechas de corrupción.
El enfrentamiento entre Castillo y el Congreso peruano, dominado por la oposición de derecha, inició prácticamente con su gobierno en julio de 2021. El Congreso fracasó en sus dos primeros intentos por sacarlo del poder, pero el tercero fue exitoso.
La oposición le acusaba además de falta de rumbo. Criticaban sus constantes crisis ministeriales que se tradujeron en cinco gabinetes y una rotación de 80 ministros en 16 meses, algo inédito en Perú.
El Congreso peruano puede destituir al presidente con 87 votos de los 130 parlamentarios. Pero también es legal que el presidente disuelva el Congreso si éste le niega dos veces un voto de confianza al gabinete ministerial.
Para el Eurasia Group, estas normas y procedimientos son otro factor "probable" de inestabilidad, que se suman a su falta de prestigio: el 86% de los peruanos desaprueban al parlamento, según sondeos.
"El andamiaje legal permite la vacancia presidencial con un mínimo de votos, lo que además se vuelve más sencillo por falta de mayorías" que respalden a un mandatario, en un Congreso altamente fragmentado, dijo Puig.
Y en un entorno de "descontento ciudadano permanente (...) los presidentes sufren rápidamente de pérdidas de popularidad" y tienen "dificultades para aprobar reformas".
En apenas 100 días de gobierno, Castillo ya tenía una desaprobación de 57%, que subió al 70% hacia el final.
En su primer mensaje al Congreso, Boluarte mencionó la "impostergable reforma política que nuestro país requiere urgentemente".
Al llegar al cargo, Castillo, un maestro rural de izquierda de 53 años, denunció que por su origen pobre y campesino era despreciado por las élites económicas y políticas peruanas.
Con su sombrero blanco de copa alta típico de Cajamarca, el maestro del partido marxista-leninista Perú Libre recorrió el país a veces a caballo, prometiendo "un país sin corrupción", y dio la sorpresa al triunfar sobre la derechista Keiko Fujimori en las elecciones por un estrecho margen.
Pero se quejó desde entonces del odio que le tenían las élites, y comenzó su último discurso diciendo que para el Congreso "no es posible que un campesino gobierne el país".
Castillo tenía "el mayor respaldo en el sector E", el más pobre de este país donde el 26% de la población vive en la pobreza, dijo Jeffrey Radzinsky, director de la consultora política GFP.
Entre la población rural, la que más apoyó a Castillo, la pobreza afecta a casi el 40%.
La ausencia de partidos políticos fuertes contribuye a la zozobra política.
"El deterioro del sistema de partidos ha hecho que las últimas elecciones hayan sido bastantes fragmentadas, y complican alguna mayoría o lealtad" del parlamento hacia el presidente, dijo Puig.
La nueva presidenta Dina Boluarte, que desea gobernar hasta julio de 2026, "lo tiene difícil porque no tiene bancada parlamentaria. Tendrá que tejer alianzas", opinó Radzinsky.
"Con seis presidentes en seis años" resulta "difícil verla en el cargo hasta 2026", vaticinó Puig, la experta de Eurasia Group.