Santa Cruz, la mayor región y motor económico de Bolivia cumplió este martes seis días de protestas en rechazo al encarcelamiento de su gobernador, el opositor Luis Fernando Camacho, con vigilias en entidades estatales, bloqueos de carreteras y marchas anunciadas para las próximas horas.
Pese a la lluvia que se registra en la capital regional, decenas de personas cumplen desde temprano vigilias para impedir el funcionamiento de las oficinas regionales de entidades estatales nacionales como el Servicio de Impuestos, el Banco Unión o la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), constató EFE.
La gente se apostó en las puertas de estas dependencias con banderas bolivianas y cruceñas para impedir el ingreso de los funcionarios que trabajan en esas entidades.
También se cumplen bloqueos en las principales carreteras que conectan a la región con el resto del país y para las próximas horas está anunciada una marcha con banderas blancas en contra de la detención de Camacho, pero también en rechazo a la represión policial sufrida desde el pasado jueves.
Camacho fue detenido el pasado miércoles en un cuestionado operativo de la Policía que luego lo trasladó en helicóptero hasta La Paz, sede del Gobierno y el Parlamento nacional.
Un juez cautelar dispuso la detención preventiva del gobernador por cuatro meses en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano paceño.
La Fiscalía lo acusa dentro del caso
"golpe de Estado I" por los hechos registrados durante la crisis de 2019 que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, que luego denunció ser víctima de un "golpe de Estado", en medio de denuncias de fraude electoral a su favor en los fallidos comicios de ese año.
Desde la detención del opositor no han cesado las protestas en Santa Cruz y han sido recurrentes los enfrentamientos entre civiles y policías, los primeros con petardos y pirotecnia y los segundos con gases lacrimógenos.
La secretaria de Seguridad Ciudadana de la Gobernación cruceña, Paola Weber, detalló que 219 personas heridas durante estos enfrenamientos recibieron asistencia en diversas unidades de emergencia públicas y privadas.
Según Weber, del total, 112 personas fueron atendidas por intoxicación, 32 por quemaduras, 5 por fracturas, 12 por heridas profundas y 4 por heridas de perdigones, entre otros.
Se registraron destrozos e incendios en algunas oficinas estatales, calificados de "autoatentados" por los líderes políticos cruceños que responsabilizan a grupos oficialistas por estos ataques.
La Defensoría del Pueblo y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia pidieron garantías para el trabajo de la prensa ante los registros de policías que dispararon a quemarropa con granadas de gas y perdigones a algunos informadores.
La defensa de Camacho denunció que sufrió una descompensación con la paralización de una parte de su cuerpo por una enfermedad que "afecta sus vasos sanguíneos", por lo que necesita tratamiento de urgencia, mientras que las autoridades nacionales aseguran que el político está "estable" y que se garantizó su atención médica en la cárcel.
