El Presidente argentino, Alberto Fernández, recibió este martes el apoyo de doce gobernadores para impulsar el juicio político al presidente de la Corte Suprema y a los restantes miembros del máximo tribunal de justicia.
Según el comunicado difundido por la Presidencia argentina, doce gobernadores de los 24 líderes jurisdiccionales que tiene el país respaldaron el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema en un capítulo más de la tensión política entre el Poder Ejecutivo y el máximo tribunal de Justicia.
El Mandatario había adelantado el 1 de enero la intención de impulsar el juicio político al presidente del Supremo,
Horacio Rosatti, por, según indicó este martes,
"mal desempeño en sus funciones".
Fernández y los gobernadores solicitaron también que se inicie el proceso de juicio político para el resto de los integrantes del máximo tribunal -Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti- por "algunos hechos con distintos grados de responsabilidad".
Asimismo, solicitaron al bloque de diputados del oficialista Frente de Todos (peronista) "que apoye e impulse el proyecto correspondiente para que se inicie, lo antes posible, el proceso institucional" en el Congreso.
El juicio político requiere de la intervención de la Cámara de Diputados y de Senadores con mayorías especiales de dos tercios de sus miembros, con las que no cuentan ni el oficialismo ni la oposición, que rechazó la iniciativa del Ejecutivo.
No obstante, la comisión de Juicio Político de Diputados puede iniciar el debate y una investigación.
Un reciente fallo de la Corte Suprema obligó al Estado nacional a restituir fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernada por el líder opositor Horacio Rodríguez Larreta, por un valor del 2,95% de la denominada coparticipación federal -frente al 2,32 actual-.
Pese a que Fernández inicialmente decidió no acatar el fallo, después anunció que pagaría al Gobierno capitalino, bajo el mandato de uno de los principales aspirantes de la oposición para las próximas elecciones presidenciales, con bonos, lo que fue calificado de "trampa" por este último.
En opinión del Mandatario, el fallo de la Suprema es una inyección económica a la carrera política de Rodríguez Larreta en año electoral.
En ese contexto, en los últimos días de 2022 se filtraron de unas supuestas conversaciones comprometedoras de un funcionario capitalino con un asesor del presidente del máximo tribunal.
Las diferencias entre el Ejecutivo y el poder Judicial también abarcan las decisiones relativas a la composición del Consejo de la Magistratura -el órgano que nombra, sanciona y remueve jueces-, en un contexto en que la vicepresidenta, Cristina Fernández, afronta varias causas por presuntos hechos delictivos ocurridos durante sus mandatos (2007-2015).
En una de ellas, el pasado 6 de diciembre la ex Mandataria fue condenada por administración fraudulenta a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, un fallo que decidió apelar.
