El Gobierno de Japón anunció este viernes que el vertido al mar del agua contaminada y tratada que se acumula en la central nuclear de Fukushima tendrá lugar entre la próxima primavera y verano boreal, a pesar de la oposición de los pescadores locales.
El Ejecutivo aprobó este viernes un plan revisado para el vertido, que también incluye compensaciones para la industria pesquera que podría verse afectada por la medida, contra la cual también han protestado países vecinos como Corea del Sur y China.
El
Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) se encuentra supervisando el plan nipón para verter el agua una vez esta es procesada para retirar la mayor parte de los elementos radiactivos, y
la semana que viene enviará una misión a Japón -la cuarta de este tipo- para analizar los preparativos sobre el terreno.
"Antes de proceder al vertido, vamos a esperar a que el OIEA emita su informe general, fortalecer las funciones de supervisión, adoptar medidas para apoyar la venta de productos de la zona afectada y trabajar contra la difusión de rumores negativos", dijo hoy el portavoz del Ejecutivo, Hirokazu Matsuno, tras la reunión de Gabinete donde se aprobó el nuevo plan.
Se espera que la descarga de agua al Pacífico tenga lugar "una vez acaben las obras para el vertido" y "la investigación del regulador nuclear nipón, además del informe de la OIEA", según el vocero, quien estimó que la fecha concreta se situará entre primavera y verano (boreal) de este año.
Las autoridades niponas y la operadora de la planta, Tokyo Electric Power (TEPCO), habían previsto inicialmente proceder al vertido el próximo mes de abril, aunque esta fecha se ha visto pospuesta por el retraso en las obras de construcción de un túnel submarino que se empleará para descargar el agua de la planta un kilómetro mar adentro.
Se trata del agua contaminada con residuos radiactivos tras emplearse para refrigerar los reactores o filtrarse dentro de las instalaciones nucleares, de la que se almacenan unos 1,29 millones de metros cúbicos en bidones dentro de unas instalaciones atómicas dañadas por el terremoto y el tsunami de 2011 donde se agota el espacio.
Tras analizar con un panel científico una serie de posibles soluciones de enorme complejidad técnica, entre ellas métodos de evaporación o de inyección subterránea, las autoridades niponas y TEPCO optaron por verter al mar frente a la central todo el líquido acumulado después de someterlo a un tratamiento descontaminante.
El agua es tratada con un sistema de procesamiento que elimina la mayoría de los materiales radiactivos considerados peligrosos, a excepción del tritio, un isótopo presente en la naturaleza, aunque en baja concentración.
Las autoridades niponas afirman que el vertido tendrá unos niveles de radiactividad por debajo del tope fijado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el agua potable, y que por tanto no presentará riesgos para la salud humana ni para el medio ambiente.
Sin embargo,
el plan aún se enfrenta a la oposición de las organizaciones pesqueras locales, cuyas actividades apenas se han recuperado tras la catástrofe nuclear de 2011, y que temen que el estigma que afecta al pescado y marisco de la zona empeore debido al vertido.
"Nos gustaría explicar en profundidad las medidas a la comunidad pesquera y otros actores implicados mientras escuchamos sus preocupaciones", dijo Matsuno.
"Creo que la situación no está bien comprendida por la población local, por tanto queremos explicarles bien teniendo en cuenta sus temores y preocupaciones para poder lograr el entendimiento del mayor número de gente posible", dijo por su parte el presidente de TEPCO, Tomoaki Kobayakawa, en declaraciones al término de la citada reunión, en la que también participó.
El plan incluye una partida de 50.000 millones de yenes (357 millones de euros) en ayudas para la industria pesquera de las costas próximas a la central para compensar los "daños en su reputación" derivados del vertido.
Las zonas próximas a la central de Fukushima Daiichi aún sufren las devastadoras consecuencias del accidente nuclear de 2011, entre ellas decenas de miles de personas todavía evacuadas o el hundimiento de la pesca, la ganadería y la agricultura locales.
