El Gobierno de Alberto Fernández presentará este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un informe que incluye fuertes dardos sobre todo hacia el Poder Judicial en Argentina, pero también dirigidos a la oposición y los medios.
El contenido de ese documento, que habla sobre los mensajes de odio, el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández y el "lawfare", generó un fuerte mensaje de repudio por parte de la coalición opositora Juntos por el Cambio, cuya Mesa Nacional emitió un comunicado esta mañana en el que aseguraron que el Ejecutivo pretende "justificar ante la comunidad internacional la embestida en contra de la justicia independiente".
En un apartado titulado
"Cuestiones emergentes: principales desafíos", este documento elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de
Horacio Pietragalla Corti, hace un
"llamado de atención" a la ONU por los "discursos del odio" y sus implicancias para la convivencia democrática. "Han tomado mayor visibilidad en los últimos tiempos debido a los graves sucesos acaecidos recientemente, que culminaron con
el intento de magnicidio de la actual vicepresidenta de la Nación y dos veces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner", introduce el texto, que indica que este tipo de mensajes se advierten "de modo creciente" en "diversos espacios políticos, medios masivos de comunicación y redes sociales".
"Se trata de una problemática compleja que constituye una preocupación a nivel internacional", diagnostica el informe que recibió asistencia técnica de la Cancillería por tratarse de una presentación internacional, a la vez que pide acompañamiento al Consejo de Derechos Humanos para abordar esta problemática y enumera las acciones que realizó el Gobierno para ir contra esas expresiones, como denuncias penales e investigaciones del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).
"Otro de los desafíos que enfrenta nuestro país es el fenómeno del 'lawfare' o 'guerra jurídica'. Desde el actual gobierno nacional y el movimiento de derechos humanos se advierte que la práctica del lawfare –impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático– constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública", señala el documento.
Después, expresa que en las causas judiciales que enfrenta Cristina Fernández se violan garantías fundamentales del Estado de derecho "bajo la excusa" de la investigación y sanción de hechos de corrupción. "Se desconocen garantías básicas del debido proceso como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad que debe guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal", enumera.
Dice también que las causas penales se impulsan "únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares", y que se "mantiene en la impunidad a sectores poderosos, que han permitido o avalado el endeudamiento criminal que ha generado pobreza e indigencia en la población", en un claro pasaje dirigido a la administración de
Mauricio Macri.
Indica incluso que esta situación fue reconocida por la Relatoría Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados, que a través de una comunicación de 2019 advirtió que en el período de gestión de gobierno 2015-2019 "se pusieron en crisis garantías constitucionales, en especial de aquellos políticos que eran considerados opositores a aquel gobierno", algo que -de acuerdo al informe- lesionó el sistema institucional y la democracia republicana.
En contraste, plantea que desde que llegó Alberto Fernández al poder se terminó "la práctica de avasallamiento a la independencia judicial" de parte del Ejecutivo, aunque advierte: "La persecución política en sede judicial se encuentra plenamente vigente, en tanto integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal siguen llevando adelante procesos penales fraudulentos contra las principales figuras políticas del actual oficialismo, otrora oposición al gobierno de la anterior gestión".
En ese sentido también considera que estas
"estrategias de persecución" tienen como fin
"la proscripción de figuras centrales del escenario político", justo cuando el kirchnerismo entiende que eso fue lo que le pasó a Cristina Fernández al ser condenada en primera instancia a seis años de cárcel en la causa
Vialidad. También, que la supuesta persecución es "ejecutada en la práctica por jueces y fiscales que visitaban asiduamente al ex presidente, tanto en su residencia oficial como en sus residencias privadas", en relación con Macri, a quien no nombra esa parte.
"Esto demuestra la espuria convivencia entre ambos sectores y la continuidad de una política de hostigamiento que afecta los principios democráticos de nuestro país, en especial aquellos que hacen a la independencia e imparcialidad con la que deben actuar el Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos", considera el informe y por eso solicita el acompañamiento del Consejo de Derechos Humanos para "fortalecer la independencia judicial, la legitimidad del servicio de justicia y el Estado de Derecho" en Argentina.
Respuesta de Juntos por el Cambio
Tras conocerse ese escrito lapidario con la oposición que se escuchará en la ONU el próximo lunes, desde Juntos por el Cambio hubo una reacción inmediata a través de un comunicado de la Mesa Nacional, que aglutina a sus principales figuras y a todas las terminales de la coalición.
Allí primero plantearon el repudio a la presentación que harán los representantes del Gobierno en la ONU. "Insólitamente acusan a su propio país de violar los derechos humanos, para buscar de esa manera la impunidad de los delitos de corrupción multimillonaria de su anterior gobierno kirchnerista", entienden los socios cambiemitas en esa nota de prensa a través de la cual le responden a la Casa Rosada.
Después aclaran a la ONU que es "absolutamente falso" que los acusados y condenados por corrupción no hayan tenido derecho de defensa durante la gestión de Macri, al alegar que intervinieron en esos procesos todas las instancias judiciales: dos de juzgamiento, dos de apelación y, en varios casos -según sostienen-, la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
"Pedimos disculpas a la comunidad internacional por el oprobio que implica mentirle a las Naciones Unidas, acusando a la oposición democrática de la Argentina de participar de complots para vulnerar el Estado de derecho, cuando hace exactamente lo contrario, mientras el gobierno insulta a los jueces y pretende expulsar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia con un ridículo pedido de juicio político", sostiene el comunicado sobre esta iniciativa contra los supremos que emanó del Presidente y que comenzará a debatirse el próximo 26 de enero en la Cámara de Diputados.
También niega que haya existido un "criminal endeudamiento" y repara en que el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) fue aprobado en las dos cámaras del Congreso y fue utilizado para “pagar deuda del gobierno kirchnerista anterior y para cubrir sus propios dé?cits ?scales”.
"Es inédito y penoso que en un evento donde los países bajo examen mundial se esfuerzan por demostrar el cumplimento de los derechos humanos frente a la comunidad internacional, los representantes de nuestro gobierno se encarguen de apuntar a la oposición política, a la Justicia, a los sectores económicos y a la prensa, acusándolos colectivamente de violar los derechos humanos sobre la base de un supuesto lawfare utilizado como excusa para evitar someterse al dictado de la Justicia argentina frente a los ?agrantes hechos de corrupción que cometieron en su anterior administración", remarcan los representantes de Juntos por el Cambio.
En el último tramo de la nota dicen: "El ?n que persiguen mediante esta maniobra es justi?car ante la comunidad internacional la embestida que el gobierno nacional está realizando en contra de la Justicia independiente para cubrirse bajo un manto de impunidad frente a las fundadas y probadas acciones de corrupción".
Mientras, desde la Coalición Cívica (CC) expresaron también rechazo al documento del Ejecutivo, al que consideraron "un nuevo ataque al Estado de derecho y otro papelón internacional". Bajo esa postura, indicaron: "El informe es una vergüenza y atenta contra nuestra historia en materia de derechos humanos. Hablar de 'lawfare' o 'guerra jurídica' es una excusa para violar la independencia judicial".
