El Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu planea un importante endurecimiento de medidas contra palestinos implicados en ataques y sus familias, con el objetivo de aplacar la nueva escalada de violencia en la región.
Esto, luego de que la escalada de violencia se disparó el jueves con una incursión militar israelí en la ciudad de Yenín, en Cisjordania ocupada, que
se saldó con la muerte de 10 palestinos, varios de ellos milicianos.
Se suma a ello, el ataque de un palestino el viernes por la noche ante una sinagoga en una colonia israelí de Jerusalén Este, donde mató a siete israelíes. El sábado, en tanto, un menor palestino de 13 años hirió a dos israelíes en la Ciudad Santa.
Tras una primera reunión anoche, el Gabinete de Seguridad israelí se encontró de nuevo hoy para perfilar su plan de actuación ante el repunte de tensión actual.
Entre otras cuestiones, se plenea impulsar un proyecto de ley para revocar la residencia de atacantes palestinos de Jerusalén Este ocupado. Serían expulsados a zonas de Cisjordania ocupada bajo autogobierno de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).
El Ejecutivo también anunció esta tarde que aplicará medidas para que se pueda despedir a trabajadores "que han apoyado el terrorismo" sin necesidad de que el despido se valide en una vista judicial.
Tras su primera reunión anoche, el Gabinete de Seguridad anunció que Israel retiraría el derecho a la seguridad social "a los familiares de terroristas que apoyan el terrorismo", y avanzó un plan para "legislar la revocación de sus documentos de identidad".
La coalición de Netanyahu, que incluye a partidos de ultraderecha que exigen más mano dura y mayor contundencia ante el conflicto con los palestinos, pretende impulsar estas medidas para "fortalecer la disuasión perjudicando el entorno inmediato" de los atacantes.
