La alarma la puso hace casi dos semanas el fiscal regional de Tarapacá,
Raúl Arancibia. En medio de los trabajos por desmantelar las diferentes células del
Tren de Aragua, hay un factor que complica demasiado las labores: l
a falta de colaboración desde Venezuela, sobre todo a la hora de identificar a los miembros de esta organización criminal.
El persecutor alertó de la necesidad de contar con una coordinación internacional a la hora de perseguir a estos delincuentes, que al momento de ser capturados pueden entregar una identidad falsa. "Lamentablemente esa coordinación de información no ha sido posible con el Estado venezolano", afirmó, en diálogo con CHV Noticias.
"No tenemos respuesta a nuestros requerimientos, de ubicación o de establecer la verdadera identidad de determinadas personas y
eso perjudica las investigaciones", remarcó Arancibia, quien explicó que una colaboración permitiría recurrir a datos como las huellas digitales de los sospechosos y su grado de peligrosidad.
La denuncia del fiscal pone en la palestra la realidad de las instituciones y mecanismos de seguridad nacional en Venezuela, rodeados de cuestionamientos y polémicas. Ante este escenario, resulta importante entender su funcionamiento y cómo están distribuidos.
Organigrama
La Constitución venezolana establece que el Ejecutivo, "para mantener y restablecer el orden público, proteger a los ciudadanos y ciudadanas, hogares y familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales", debe organizar: un cuerpo uniformado de policía nacional; un cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas; un cuerpo de bomberos y bomberas y administración de emergencias de carácter civil; y una organización de protección civil y administración de desastres.
Pero estas instituciones no se rigen solas. En la cabeza de todo está el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, organismo que nació en 1999 tras la fusión de las carteras de Relaciones Interiores y Justicia, y cuyo nombre actual fue acuñado por el Presidente Nicolás Maduro en 2013.
La cartera está liderada actualmente por el almirante
Remigio Ceballos y se define en su sitio web como "el órgano rector en
la formulación, coordinación, evaluación y seguimiento de planes, estrategias y políticas del Estado venezolano dirigidas a garantizar la seguridad y el orden interno del país, en cooperación con los Poderes Públicos y la comunidad: brindando confianza, tranquilidad, justicia y paz a la ciudadanía".
La cartera está dividida en cinco viceministerios: Política interior y seguridad jurídica; Prevención y Seguridad Ciudadana; Sistema integrado de Policía; Sistema Integrado de Investigación Penal y el viceministerio para la Gestión de riesgo y Protección Civil.
El ministerio, además, se coordina con otras 18 instituciones. Ahí entran los ya mencionados Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana; el Cuerpo de Investigaciones científicas, penales y criminalísticas; la Dirección Nacional de Protección civil y administración de desastres; y el Fondo Nacional de Bomberos y administración de emergencias de carácter civil.
Se suman otros organismos como la
Oficina Nacional Antidrogas; la Oficina Nacional contra la delincuencia organiza y financiamiento del terrorismo; y el
Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana, entre otros.
Fuera de este organigrama se encuentra la institución más cuestionada de todas en materia de seguridad: el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Este organismo está subordinado a la Vicepresidencia de Venezuela y ha sido catalogado por la oposición y ONGs como la policía política del Gobierno liderado por Nicolás Maduro.
Con el paso del tiempo, el Sebin ha estado marcado por la polémica. Desde hace ya varios años, y desde que se intensificó la crisis social y política en Venezuela, se ha denunciado a esta institución de realizar actos como torturas, desapariciones forzadas y homicidios de opositores al Gobierno, comparándola con organismos como la KGB en la URSS, la Gestapo en Alemania y la DINA en Chile.
Cuestionamientos
La seguridad, de todos modos, no es algo que esté muy bien evaluado en estos momentos en Venezuela, que a raíz de la crisis se ha convertido en uno de los países más violentos del mundo, según reportó el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina (CODS).
"Los delitos los cometen a diario estructuras delictivas organizadas, el aparato estatal y ciudadanos comunes. Las causas estructurales del delito se han complejizado a medida que el país experimenta una emergencia humanitaria sin precedentes. En la base del problema está que la sociedad carece de confianza en las instituciones, lo cual inhibe la colaboración necesaria entre las comunidades y el aparato de seguridad ciudadana para mitigar el problema", especificó.
A eso se suma que, de acuerdo a los múltiples informes elaborados por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, los distintos organismos de seguridad y la justicia han estado involucrados en casos de violaciones de derechos humanos.
Asimismo, en 2019 la ONG Human Rights Watch reportaba que más del 95% de los delitos graves no eran castigados, lo que se sumaba a un altísimo índice de sobrepoblación carcelaria que en 2018 superaba el 125%.
"Desde una perspectiva histórica, las políticas de seguridad ciudadana implementadas en Venezuela en los últimos veinte años se han caracterizado por la ausencia de estrategias de prevención, y la carencia de un sistema de justicia transparente y efectivo que trabaje a favor de la reducción de la impunidad y de la profesionalización de los cuerpos de seguridad del Estado", remarcó el CODS.
Con ese escenario, no se ve una salida pronta a este problema, fiel reflejo de la profunda crisis venezolana.
