Expulsiones del país y despojo de ciudadanía: Las duras medidas aplicadas en Nicaragua contra opositores

El gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega, ha causado revuelo en los últimos días tras las decisiones que ha tomado respecto a opositores al régimen, primero expulsando del país a un grupo de 222 líderes de distintos sectores de la sociedad, y luego quitándole la nacionalidad a 96 personas contrarias al jefe de Estado.

Las acciones de Nicaragua han causado numerosas declaraciones de repudio desde distintos gobiernos latinoamericanos, en muchos casos ofreciendo asistencia -y hasta nacionalidad- a algunos nicaragüenses que quedaron como apátridas tras el retiro de su ciudadanía.

Esta es una mirada a algunos de los acontecimientos recientes en Nicaragua.

¿Por qué Nicaragua expulsó a 222 disidentes?

• La expulsión formaba parte de una campaña más amplia del gobierno de Ortega para aplastar la disidencia política iniciada en 2018, cuando las protestas callejeras contra el gobierno fueron reprimidas con violencia por las fuerzas de seguridad nicaragüenses.
• Ortega ha tachado de "traidores" a los opositores encarcelados y los responsabiliza de las protestas, que considera una trama con financiación internacional para derrocarle. Decenas de miles de nicaragüenses han huido de la represión del gobierno.
Opositores a Ortega esperan la llegada de los prisioneros políticos en Virginia, EE.UU. | AFP


• Las detenciones de opositores se convirtieron en una fuente de fricción internacional, especialmente con el gobierno del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que señaló a esas detenciones para justificar sanciones sobre la nación centroamericana.
• La liberación de los presos era de hecho una estrategia para "minimizar el costo público de su represión", especialmente a ojos de la comunidad internacional, dijo Ivan Briscoe, del International Crisis Group, un grupo de investigación sin fines de lucro centrado en resolución de conflictos en todo el mundo. "Él preferiría volver a un gobierno autoritario estable de bajo perfil, en el que quizá no se dan las formas más visibles de abusos, sino un control político continuado", indicó.

¿Qué ocurrió con la nacionalidad de 94 nicaragüenses?

• Un Tribunal de Apelaciones de Managua dictaminó que eran "traidores a la patria" y ordenó el decomiso de sus bienes.
• El listado incluye a políticos, periodistas, religiosos y diversos disidentes sandinistas críticos del régimen de Daniel Ortega.
• Los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli; el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez; la veterana defensora de derechos humanos, Vilma Núñez, el periodista Carlos Fernando Chamorro y el excomandante Luis Carrión, un antiguo compañeros de armas del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, figuran en la lista.

¿Por qué dicen los expertos que incumple el Derecho Internacional?

• Peter J. Spiro, profesor de derecho internacional en la Universidad de Temple, y otras personas dicen que quitar la ciudadanía en este contexto incumple un tratado adoptado en 1961 en Naciones Unidas por varios países, incluida Nicaragua, y que fijaba normas claras para evitar apátridas.
• El tratado establece que los gobiernos no pueden "privar a ninguna persona o grupo de personas de su nacionalidad por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos".
Manifestación en contra del régimen de Ortega en Costa Rica. | EFE


• Spiro señaló que hay algunas circunstancias en las que los gobiernos pueden retirar la ciudadanía, como quitársela a una persona que adquiere otra nacionalidad cuando el primer país prohíbe la doble ciudadanía. Sin embargo, no está permitido utilizarlo como arma política. "Esto es destierro, y el destierro es la antítesis del concepto moderno de derechos humanos", dijo.
• Entre las reacciones de distintos países, el gobierno de Chile ofrecería residencia y nacionalidad a expatriados nicaragüenses "según las normas constitucionales y legales que la regulan". La escritora Gioconda Belli dijo que optaría por la nacionalidad chilena tras el ofrecimiento.
• España también ofreció la ciudadanía a los 222 exiliados, mientras que Estados Unidos les concedió una protección temporal de dos años.

¿Qué tan habitual es el retiro de la nacionalidad?

• La decisión de Ortega no tiene precedentes en el Hemisferio Occidental por su volumen y su alcance, según analistas y expertos legales.
• Las decisiones previas en la región para quitar la nacionalidad a figuras políticas siempre han sido de escala limitada.
Ortega muestra el listado de los 222 presos políticos el 9 de febrero. | EFE


• En la década de 1970, el régimen dictatorial de Augusto Pinochet quitó la nacionalidad a Orlando Letelier, que vivía en el exilio mientras lideraba la oposición a la represión política en Chile.
• Spiro, de la Universidad de Temple, dijo que la medida de Ortega recuerda a lo que se ha hecho en Bahréin, en Medio Oriente. Durante los últimos años, ese gobierno ha quitado la nacionalidad a cientos de activistas políticos y de derechos humanos, periodistas y académicos religiosos. En 2018, una corte retiró la nacionalidad a 115 personas en un juicio masivo sobre acusaciones de terrorismo, según Human Rights Watch. Sin embargo, señaló Spiro, "la decisión de Ortega es más notoria".

¿Qué ocurre con los presos que no fueron a Estados Unidos?

• Los expertos están especialmente preocupados por el obispo católico Rolando Álvarez, un claro crítico de Ortega que se negó a embarcar en el avión a Estados Unidos con los otros presos.
• Álvarez dijo a personas cercanas que si subía al avión, sería como admitir un crimen que no había cometido.
• Poco después, Álvarez fue condenado a 26 años en prisión -en un país conocido por las malas condiciones de sus penales- y despojado de su ciudadanía dentro de Nicaragua, algo que funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU. criticaron con dureza.
Rolando Álvarez, el obispo católico que decidió permanecer en Nicaragua. | AFP


• Eso dejó al obispo en una situación local aún más incierta que la de sus compañeros en Estados Unidos.
• Por ahora, nadie ha podido contactar con Álvarez ni confirmar dónde se encuentra o si está en un lugar seguro, indicó una persona cercana que pidió no ser identificada por temor a represalias. Las perspectivas legales son sombrías, señaló, y Álvarez es consciente de ello.