La oposición ecuatoriana activó este jueves el proceso de juicio político contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, al que acusan de presuntamente proteger a personas cercanas a él y al oficialismo en un supuesto entramado de corrupción en empresas públicas.
La solicitud de juicio político de censura fue presentada en la Asamblea Nacional (Parlamento) tras reunir 58 firmas de legisladores del correísmo, el derechista Partido Social Cristiano (PSC), antiguo aliado electoral de Lasso, y de algunos parlamentarios del movimiento indigenista Pachakutik y de Izquierda Democrática (ID).
La acusación contra Lasso se basa en los presuntos delitos de concusión y peculado (malversación), lo que previamente deberá ser evaluado por la Corte Constitucional para determinar si está debidamente fundamentada y que la Asamblea, de mayoría opositora, pueda seguir adelante con el proceso.
Al presentar el pedido de juicio político, la asambleísta correísta Viviana Veloz aseguró que más legisladores se adherirán a la solicitud en los próximos días y afirmó contar con los 92 votos necesarios para censurar al jefe de Estado, equivalentes a dos terceras partes de la cámara.
El pedido para censurar al jefe de Estado se acoge al artículo 192.2 de la Constitución ecuatoriana, que establece que se podrá abrir un juicio político al presidente por delitos de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.
"Hemos presentado este juicio político porque los hechos fácticos, la relación circunstancial y la conducta del presidente se adecua al 192.2: delitos por concusión y peculado en las empresas públicas Petroecuador, la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco)", dijo Veloz.
La asambleísta, de la bancada Unión por la Esperanza (Unes), afín al ex presidente Rafael Correa (2007-2017), aseguró que esta es una "salida constitucional y democrática".
Veloz es además la presidenta de la comisión parlamentaria que investigó el caso llamado "Encuentro" o "Gran Padrino", y cuyo informe, donde se recomendaba iniciar un juicio político a Lasso, fue aprobado por el pleno de la Asamblea con 104 votos a favor, cuando apenas requería 70.
El caso saltó a la luz con unos audios difundidos por el medio digital La Posta que apuntaban a una presunta trama de corrupción en contrataciones y nombramientos en empresas estatales donde aparecía el empresario Danilo Carrera, cuñado del presidente.
En esos audios también figuraba otro empresario, Rubén Cherres, un personaje cercano al oficialismo del que se reveló después que había sido objeto en 2021 de una investigación policial por supuestos nexos con una red de narcotráfico.
El informe de esa investigación fue archivado y la oposición acusa a Lasso de tener conocimiento de él y de ordenar su cierre, algo que el mandatario ha negado rotundamente, a igual que su implicación en cualquier entramado de corrupción.
En diversas ocasiones Lasso se ha manifestado abierto a cualquier investigación, e incluso en un comunicado de esta semana de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia se mostraba dispuesto a que también fuese investigado su cuñado.
El juicio político se da en uno de los momentos más complicados del mandato de Lasso, después de que en la cita electoral del 5 de febrero perdiese el referéndum impulsado por el Gobierno para aplicar reformas en la Constitución y viese salir reforzado al correísmo en las elecciones locales.
En junio de 2022, el mandatario ya salvó por pocos votos una moción para destituirlo en medio de las protestas lideradas por el movimiento indígena, que paralizaron al país durante 18 días y dejaron siete muertos, entre ellos seis manifestantes, según las organizaciones de derechos humanos, y un militar.
Lasso está cerca de llegar a la mitad de su mandato (2021-2025), luego de haber ganado las elecciones presidenciales al candidato del correísmo, Andrés Arauz.
