El 18 de junio de 2010, Ronnie Lee Gardner fue ejecutado en la prisión estatal de Utah por matar a un abogado durante un intento de fuga del juzgado. El hombre de 49 años se sentó en una silla, con sacos de arena a su alrededor y un objetivo clavado sobre su corazón. Luego, cinco empleados de la prisión —seleccionados de un grupo de voluntarios— dispararon a unos ocho metros de distancia con rifles calibre 30. Sólo un cartucho de fogueo estaba cargado, sin que nadie supiera cuál. Dos minutos después, Gardner fue declarado muerto.
Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés) Utah es el único estado que ha utilizado pelotones de fusilamiento en los últimos 50 años.
Según el proyecto de ley de Idaho, los pelotones de fusilamiento se usarían sólo si los verdugos no pueden obtener los medicamentos necesarios para las inyecciones letales.
A medida que las inyecciones letales se convirtieron en el principal método de ejecución, en la década de los 2000, las compañías farmacéuticas comenzaron a prohibir el uso de sus medicamentos, diciendo que estaban destinados a salvar vidas. No a consumirlas.
Por ello, los estados han tenido dificultades para obtener medicamentos como el tiopental sódico, el bromuro de pancuronio y el cloruro de potasio. Cócteles en los que confiaron mucho tiempo. Por ello han tenido que cambiar a algunos más accesibles, como el pentobarbital y el midazolam, que —según dicen los críticos— pueden causar un dolor insoportable.
En esta línea, otros estados han tenido que recurrir a alternativas como las sillas eléctricas o cámaras de gases. O al menos las están considerando. Ahí es donde entran los pelotones de fusilamiento.
La jueza de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor, se encuentra entre los que dicen que probablemente lo sean.
Esa idea se basa en las expectativas de que las balas acerten el corazón, lo rompan y causen una inconsciencia inmediata a medida que el recluso se desangra rápidamente.
“Además de ser casi instantánea, la muerte por disparos también puede ser comparativamente indolora”, escribió Sotomayor en una disidencia de 2017.
Sus comentarios se referían al caso de un recluso de Alabama que pidió ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento. Una mayoría de la Corte Suprema se negó a escuchar su apelación.
Sotomayor estuvo de acuerdo en su disidencia en que las drogas letales pueden enmascarar un dolor intenso al paralizar a los reclusos mientras aún son conscientes.
“Qué cruel ironía que el método que parece más humano pueda convertirse en nuestro experimento más cruel hasta ahora”, escribió.
En un caso federal de 2019, los fiscales presentaron declaraciones del anestesiólogo Joseph Antognini, quien dijo que las muertes sin dolor por pelotones de fusilamiento no están garantizadas.
Los reclusos pueden permanecer conscientes hasta 10 segundos después de recibir un disparo, según el lugar donde impacten las balas, dijo Antognini, y esos segundos pueden ser “muy dolorosos, especialmente relacionados con la rotura de huesos y daños en la médula espinal”.
Otros señalan que los asesinatos por fusilamiento son visiblemente violentos y sangrientos en comparación con las inyecciones letales, lo que puede traumatizar a los familiares de las víctimas y otros testigos, así como a los verdugos y al personal que limpia después.
Depende. Si la confiabilidad significa que es más probable que los condenados mueran según lo previsto, entonces uno podría presentar ese argumento.
Austin Sarat, profesor de derecho y ciencias políticas de Amherst College, estudió 8.776 ejecuciones realizadas en Estados Unidos entre 1890 y 2010. El académico descubrió que 276 de ellas fueron fallidas, correspondiente al 3,15% de las veces.
De ellas, el 7,12% correspondieron a inyecciones letales, el 3,12% a ahorcamientos y el 1,92% a electrocuciones.
Por el contrario, ninguna de las 34 ejecuciones del pelotón de fusilamiento resultó fallida. Sin embargo, el DPIC identificó al menos un caso: en 1879, en Utah, los fusileros no alcanzaron el corazón de Wallace Wilkerson y tardó 27 minutos en morir.
Nunca han sido un método predominante para ejecutar sentencias de muerte civiles y están más estrechamente asociados con el ejército, incluida la ejecución de desertores de la Guerra Civil.
Desde la época colonial hasta 2002, más de 15.000 personas fueron ejecutadas, según datos compilados por los investigadores de pena de muerte M. Watt Espy y John Ortiz Smykla. Solo 143 fueron fusilados, frente a 9.322 por ahorcamiento y 4.426 por electrocución.
Los fallos de los tribunales superiores han requerido que los reclusos que se oponen a un método de ejecución existente ofrezcan una alternativa. Deben probar que la alternativa es “significativamente” menos dolorosa y que existe la infraestructura para implementar el método alternativo en la práctica.
Eso ha llevado al espectáculo incongruente de los abogados de los reclusos presentando múltiples casos en los que argumentan los méritos de los pelotones de fusilamiento.
En 2019, la Corte Suprema dictaminó en el caso Bucklew versus Precythe que cierto dolor no significa automáticamente que un método de ejecución constituya un castigo "cruel e inusual", lo que está prohibido por la Octava Enmienda.
La Constitución "no garantiza a un preso una muerte sin dolor, algo que, por supuesto, no está garantizado para muchas personas", escribió el juez Neil Gorsuch para la mayoría de 5-4.
Los factores clave para decidir si un método es "cruel e inusual" incluyen si agrega dolor adicional "más allá de lo que se necesita para ejecutar una sentencia de muerte", dijo Gorsuch.