Toledo se encuentra en reclusión domiciliaria, pero el tribunal ayer ordenó su detención asta que sea entregado a las autoridades peruanas.
AFP
El ex Presidente peruano Alejandro Toledo (77 años) presentó este jueves un nuevo recurso ante la justicia de Estados Unidos para intentar frenar su extradición a Perú por cargos de corrupción, un día antes de que venza el plazo en que debe entregarse a las autoridades.
Toledo, quien se encuentra en reclusión domiciliaria en California, es acusado en Perú de corrupción y lavado de activos en el marco del caso Odebrecht, y debe entregarse este viernes a un tribunal federal en San José para dar inicio a su proceso de extradición desde Estados Unidos.
El ex mandatario niega las acusaciones y ha presentado varias peticiones para bloquear la extradición que Perú busca desde 2018 y que Estados Unidos autorizó en febrero pasado.
Este jueves Toledo pidió ante un tribunal federal en Washington la suspensión del proceso, y solicitó una nueva audiencia para discutir el recurso.
Todas las peticiones que el ex Presidente formalizó han sido denegadas, incluyendo la solicitud de última hora en una audiencia el miércoles de postergar su entrega cuatro días por compromisos médicos.
El juez Thomas Hixson ordenó que Toledo se entregue el viernes a las 09:00 horas locales en el tribunal federal en San José, a unos 40 kilómetros de Menlo Park, donde reside con su esposa, Eliane Karp.
Toledo quedará detenido en una cárcel "donde permanecerá hasta que se produzca su entrega a las autoridades peruanas", falló Hixson. "Estamos listos para trasladar al doctor Toledo a Perú para acatar la orden del tribunal", dijo el representante del gobierno estadounidense, Kyle Waldinger.
El ex mandatario, que gobernó Perú de 2001 a 2006, reside en Estados Unidos, donde estudió y trabajó en la Universidad de Stanford.
Tras las acusaciones y el pedido de extradición de Lima, fue detenido en 2019 en California, y al año siguiente fue puesto en prisión domiciliaria con una tobillera.
Perú lo acusa de haber recibido millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de licitaciones para obras públicas. Los fiscales piden 20 años y seis meses de cárcel.
