Asumió el cargo de manera inesperada en medio de unos de los terremotos políticos más grandes de los últimos años en el vecino país, luego de que se acusara al mandatario Pedro Castillo de perpetrar un fallido golpe de Estado. En ese convulsionado ambiente, pasó casi desapercibido que Dina Boluarte fuera la primera mujer Presidenta de la historia de Perú y la 14° de América Latina, o la catorceava hija de una familia rural que se llegó a convertir en abogada.
Tampoco salió a relucir que estuvo investigada por la fiscalía por financiamiento irregular de la política o de su fracaso electoral cuando intentó ser parlamentaria.
Lo que primó esa vez fue que, pese a su cercanía con Pedro Castillo, salió rápidamente a rechazar su decisión de cerrar el Congreso y calificó sus acciones como "un golpe de Estado", manifestando su apoyo a superar la crisis "con estricto apego a la ley".
En ese contexto, poco después de que el Congreso destituyera al mandatario por "incapacidad moral", Boluarte –quien hasta entonces ocupaba la vicepresidencia de la república– pasó a ser la Presidenta de Perú.
Sin el piso político que hubiese tenido cualquier otro mandatario, democráticamente electo, que inicia su gestión y con un país convulsionado por las protestas de quienes pedían el retorno de Pedro Castillo, los primeros meses de Dina Boluarte en el Gobierno no fueron para nada fáciles. Los analistas proyectaban que su periodo sería breve y se limitaría a administrar el poder mientras gestionaba el llamado a nuevas elecciones lo antes posible.
A esto se sumaba la presión de conseguir que su Gobierno obtuviera el suficiente reconocimiento internacional, tema que fue objeto de debate en varios países. Incluso el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador –quien apoyó a Pedro Castillo– se rehusó a entregarle a Perú la presidencia de la Alianza del Pacífico, pese a que es lo que correspondía, por acuerdo.
Retomando la agenda con temas sensibles para la población
Pero ahora el panorama parece estar cambiando y, tras cuatro meses en el gobierno, la incertidumbre de a poco se ha ido despejando y Dina Boluarte parece haber empezado a tomar el control de la agenda.
Al menos así lo muestra el golpe de timón que dio el miércoles al decretar estado de emergencia en todas las zonas limítrofes del país, para resguardar las fronteras en medio de la crisis migratoria en la región.
Junto a esta medida –tomada por decreto–, la mandataria anunció el envío al Congreso de una "reforma constitucional para autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en las zonas de frontera". "Se trata de la modificación del artículo 165 de la Constitución, para que las Fuerzas Armadas presten apoyo de manera permanente en la vigilancia y el control de nuestras fronteras", explicó la jefa de Estado.
Con estas iniciativas –que tienen su origen en la tensión migratoria en la frontera con Chile–, la mandataria pasó a tomar la ofensiva en el tema migratorio, que es una de las principales preocupaciones en ese país, así como en la mayoría de las naciones de Sudamérica.
Al mismo tiempo, la mandataria ha asumido un rol más proactivo en otro tema que preocupa fuertemente a los peruanos: la inseguridad. Esta semana su Gobierno incorporó a 3.500 nuevos agentes a la Policía Nacional del Perú (PNP), para reforzar el combate a la delincuencia que afecta principalmente a la capital, Lima.
Durante su discurso en la presentación de los nuevos policías, Boluarte subrayó que "el Estado tiene la obligación de proteger a su población y debe hacerlo con la mayor cantidad de recursos humanos materiales disponibles y fortaleciendo a la Policía Nacional para recuperar el principio de autoridad y garantizar el orden interno y la seguridad en todo nuestro territorio nacional".
A todo lo anterior se agrega que las protestas en Perú en gran medida han ido cesando y se ha restablecido la normalidad en gran parte del territorio, retomándose el turismo y otras actividades relevantes para el país.
Así, si bien el camino no está totalmente allanado para Dina Boluarte, la mandataria parece estar dando pasos para tomar el esquivo timón en el vecino país.
