"Están los carabineros y
los carabineros chilenos no son como la Policía de Nicaragua. Están formados por el asesinato masivo, formados para asesinar al pueblo". Estas palabras del Presidente nicaragüense,
Daniel Ortega, a raíz de los cincuenta años del golpe de Estado en
Chile,
no pasaron desapercibidas y sumaron un nuevo capítulo al historial de confrontaciones entre ambos países.
No es primera vez que Ortega se trenza en una polémica con el Gobierno de Gabriel Boric, quien cuestionó los ataques del nicaragüense -que lo trató de "pinochetito" después de saber la molestia de Chile por sus dichos- y lo calificó de "dictador".
El lunes, el líder nicaragüense utilizó a Carabineros para ensalzar la labor de la Policía Nacional, institución que cumplió 44 años de vida y que se ha convertido en
uno de los aliados fundamentales del Gobierno, cuestionado por crímenes de lesa humanidad y sindicado por la oposición y varios países del planeta como una "dictadura".
De acuerdo con diferentes análisis y la voz de los propios opositores, la Policía ha sido fundamental en el plan represivo del Estado nicaragüense. Esto ha sido profundizado con la reforma aprobada hace dos meses, que le dio a Ortega el control total de la institución y que también permite castigar a los desertores, encendiendo otra vez las alarmas.
Una institución cuestionada
Tras la caída de la dictadura somocista y el triunfo de la Revolución Sandinista de julio de 1979 -liderada, entre otros, por Daniel Ortega-, semanas después se fundó la Policía Sandinista. Según el medio oficial El 19, este organismo "surge de hombres y mujeres jóvenes que conscientemente lucharon por la liberación de Nicaragua y que decidieron quedarse ahí, firmes, trabajando para seguir avanzando en este proceso de cambio que hoy estamos viviendo".
La institución fue objeto de una reforma tras el fin del primer gobierno de Daniel Ortega, en 1990, lo que significó un cambio en sus símbolos, los colores de vestimenta y su nombre: nació ahí lo que conocemos hoy como Policía Nacional de Nicaragua.
Con la vuelta del líder sandinista en 2007, la Policía fue creciendo y sumando cada vez más poder. Desde ese año, el organismo duplicó el número de oficiales y pasó de tener 9.290 integrantes a 16.909 en 2020, según datos publicados en los Anuarios Estadísticos de la institución.
Hoy, está bajo el mando de Francisco Díaz, consuegro del Presidente Ortega y de la vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, y que también ha sido objeto de acusaciones.
De acuerdo con las denuncias de opositores y expertos, la Policía Nacional de Nicaragua se convirtió en el brazo represor del Gobierno. En 2018 -año en que estallaron las protestas- se le acusó de asesinar a más de 300 civiles opositores al Ejecutivo, según reportó el diario Voz de América, lo que llevó a Estados Unidos a sancionar a la institución y al propio Francisco Díaz, sindicado de estar involucrado en el incendio a una casa en junio de ese año, donde murieron cuatro adultos y dos niños.
A la Policía se le acusa de estar detrás de una serie de crímenes y actos represivos. Esto fue confirmado por el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU, que concluyó que Daniel Ortega y Rosario Murillo cometieron crímenes de lesa humanidad desde el inicio de las manifestaciones ciudadanas en 2018.
El grupo de expertos concluyó que el matrimonio presidencial cuenta con
"una variedad de actores e instituciones" a su servicio para cometer diversos crímenes. En ese sentido, determinaron que la Policía y grupos armados progobierno siguieron instrucciones de autoridades nacionales, locales o de líderes territoriales del partido de Ortega.
En el informe se asegura que los agentes policiales dispararon contra los manifestantes de forma sistemática y además cometieron 40 ejecuciones extrajudiciales, lo que se suma a operaciones "muy coordinadas" para desmontar barricadas usando la violencia.
Tras el lanzamiento de este y otros documentos, el Gobierno de Estados Unidos decidió sumar a la Policía Nacional de Nicaragua a su "lista de control de exportaciones", que prohíbe a las empresas vender tecnología estadounidense sin un permiso. La decisión fue tomada luego de consignar que la entidad centroamericana ha participado "en actividades contrarias a los intereses de la política exterior" de la Casa Blanca.
Una polémica reforma
Y si ya la Policía nicaragüense estaba al completo servicio del Gobierno, esto se profundizó con la aprobación en julio por parte de la Asamblea Nacional -controlada por el oficialismo- de una reforma constitucional que, entre otras cosas, despoja a la institución de su naturaleza civil y la deja como un "cuerpo armado" con subordinación total al Presidente de la República, según el diario español El País.
La iniciativa vino a modificar el artículo 97 de la Constitución, relativo al marco legal de la Policía Nacional, y eliminó la línea que afirma que se trata de una "institución profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante".
De acuerdo con la reforma, "la Policía Nacional es un cuerpo armado,
subordinado al presidente de la República, encargado de proteger la vida de los habitantes del país, preservar el orden social y el orden interno, garantizar la seguridad de las personas y las instituciones, velar por el respeto de los bienes nacionales, sociales y particulares, ejercer la prevención, persecución, e investigación del delito y prestar el auxilio necesario a las autoridades civiles y judiciales para el cumplimiento del desempeño de sus funciones".
"La Policía Nacional depende de la autoridad ejercida por el presidente de la República, en su carácter de Jefe Supremo y en estricto apego a la Constitución Política a la que guardará respeto y obediencia", agrega la normativa.
Junto con esta iniciativa, la Asamblea Nacional también aprobó reformar la ley 872, que regula a la Policía Nacional, incluyendo nuevos artículos donde destaca la posibilidad de condenar con cárcel a aquellos oficiales que decidan desertar, esto en un contexto donde varios agentes han huido hacia otros países.
"El personal policial que abandone el servicio, lo que se considera deserción, incurriendo en un perjuicio grave a la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de dos a tres años de prisión", reza el nuevo artículo.
En diálogo con Infobae, la experta en seguridad
Elvira Cuadra, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), remarcó que este cambio legislativo
busca "la institucionalización del Estado policial" y tiene dos vertientes. "La primera, es un cambio en el marco jurídico del país en función de legalizar una serie de medidas de política, de seguridad, de naturaleza represiva y de vigilancia, sobre toda la sociedad nicaragüense; y la segunda vertiente tiene que ver con
una modificación o reconfiguración de las instituciones estatales para que respondan a este marco jurídico-legal", afirmó.
Y si bien la Policía ya estaba lo suficientemente subordinada a las órdenes de Ortega y su esposa, esta reforma viene a consagrar e institucionalizar este control sobre una institución que, según el propio Presidente de Nicaragua, está por sobre Carabineros de Chile.
