A doce días de que se inauguren los
Juegos Panamericanos Santiago 2023, tanto las autoridades como los deportistas esperan con ansias el inicio de la cita deportiva más importante de las últimas décadas en Chile, que reunirá a las delegaciones de todos los países del continente. Una efervescencia que
Perú ya conoció hace cuatro años, cuando
Lima fue la sede del evento, en un momento que el país pasaba por un complejo escenario político marcado por la división y la corrupción.
La capital peruana se quedó con los Juegos de 2019 precisamente tras vencer categóricamente a Santiago, La Punta (Argentina) y Ciudad Bolívar (Venezuela), las otras candidatas. Para ello, comprometió una inversión de más de 1.000 millones de dólares, destinados principalmente a la construcción de infraestructura.
Como suele ocurrir en este tipo de eventos,
el compromiso estatal es fundamental. Así lo entendió Perú, aunque la estabilidad política estaba una vez más en juego en el país vecino, marcado principalmente por la corrupción que abarcaba a prácticamente todos los partidos y otras preocupaciones que abrumaban a la ciudadanía, como la seguridad.
Así las cosas, el país se preparaba para los juegos realizados entre el 26 de julio y el 11 de agosto del mencionado año.
Convulso ambiente político
En un país donde todos los expresidentes vivos estaban siendo investigados por corrupción y otros delitos, el entonces Mandatario peruano Martín Vizcarra pasaba por un momento marcado por la alta división política. El dirigente asumió la Presidencia en marzo de 2018, en reemplazo del renunciado Pedro Pablo Kuczynski, de quien fue vicepresidente segundo y embajador en Canadá.
Vizcarra asumía un Gobierno golpeado y cuestionado por las acciones de Kuczynski, que en diciembre de 2017 había indultado a
Alberto Fujimori -preso por violaciones a los DD.HH.- luego de que su hijo Kenji fuera determinante para evitar la destitución del gobernante en el Congreso. Meses después, el legislador fue acusado de sobornar a colegas para apoyar al Mandatario en una segunda moción de vacancia, lo que obligó la renuncia de este último.
Lo ocurrido con Kuczynski era el fiel reflejo de la alta tensión política. Con un Congreso dominado por el fujimorismo -cuya líder principal, Keiko Fujimori, había perdido en las elecciones presidenciales de 2016 por fallo fotográfico-, el Gobierno tenía escasa influencia, lo que quedó demostrado con los dos intentos de destitución de su Presidente, que finalmente dio un paso al costado.
Todo esto ocurría mientras Perú avanzaba en la organización de los Panamericanos. Finalmente, fue Martín Vizcarra quien inauguró los Juegos. Mientras gozaba de gran respaldo popular por el rol que tomó en la lucha contra la corrupción con diversas medidas, en el Congreso sufría por el fujimorismo, que intentó bloquear a algunos de sus ministros y se mostraba como una oposición bien intransigente.
No obstante, la ciudadanía le reconocía al Mandatario su impronta contra las malas prácticas. Y es que la cosa no era menor:
la corrupción estaba enquistada en la política peruana; caso más claro es el del expresidente
Alan García, quien el 17 de abril de 2019 se había quitado la vida en su casa en momentos que la policía iba a detenerlo por su implicancia en el
caso Odebrecht.
El ex gobernante -que semanas antes había intentado pedir asilo político en Uruguay, sin éxito- estaba implicado en este caso que investigaba una serie de irregularidades en la concesión de obras públicas a la constructora brasileña Odebrecht. Esta situación tenía de cabeza a la clase política: aparte de García, sus antecesores y sucesores (Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski) también estaban siendo investigados por corrupción.
Todos estos casos afectaron a los peruanos. No por nada la corrupción era el problema principal de la ciudadanía, según la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza de 2019: así lo sindicó el 64% de los consultados. Es por ello que las medidas tomadas por Vizcarra desde que asumió eran aplaudidas.
Pero el respaldo popular al Mandatario no se traducía en el Poder Legislativo. Así, una vez finalizados los Juegos, la tensión crecía, al punto de que Vizcarra ordenó el 30 de septiembre
el cierre del Congreso y convocó a nuevas elecciones. Esto, luego de que este último eligiera a un nuevo miembro del Tribunal Constitucional sin discutir la cuestión de confianza presentada por el Ejecutivo para detener ese proceso. Era la gota que rebasó el vaso.
"He decidido disolver el Congreso y llamar a elecciones de congresistas. Esto es un acto constitucional", señaló el gobernante, recalcando que este cierre "está dentro de las facultades contenidas" en la Constitución y "busca dar un fin a esta etapa de entrampamiento político que ha impedido que Perú crezca al ritmo de sus posibilidades". Un año después, Vizcarra fue destituido por el Congreso por un supuesto caso de corrupción, abriendo una nueva crisis.
Crisis de seguridad
Como es la tónica en los países latinoamericanos, el alza de la criminalidad es un tema que preocupa y alarma. Y Perú no era la excepción en 2019: el 40% de los consultados en la Encuesta Nacional de Hogares señaló a la delincuencia como uno de los principales problemas del país, después de la corrupción (64%) y antes de la pobreza (20%).
Los números son decidores. De acuerdo con una encuesta elaborada en noviembre de ese año por El Comercio-Ipsos, el 79% de los peruanos dijo sentirse más inseguro que hace un año atrás. Además, un 33% había sido víctima de algún delito en los últimos 12 meses.
Los datos oficiales también reflejaron ese problema. La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que ese año recibió 387.937 casos de diversos delitos. De ellos, se registraron 2.803 homicidios, 18.582 delitos sexuales, 137.390 hurtos y 84.196 asaltos en todo el territorio nacional.
Con ese escenario, y considerando la visita de más de 6.000 deportistas de 41 países, las autoridades impulsaron un intenso despliegue de seguridad durante los Juegos Panamericanos. "Se ha implementado un plan de seguridad general donde participa no sólo la Policía sino las Fuerzas Armadas, así como personal de defensa civil como bomberos y médicos quienes tienen el compromiso de resguardar la seguridad de atletas, entrenadores y espectadores", destacó el coronel Raúl Silva, de la PNP.
Así las cosas, se anunció el despliegue de más de 23 mil policías para resguardar la seguridad en Lima. "Estamos ante los ojos del mundo. Este es el principal evento que realiza el Perú en toda su historia, así que vamos a estar a la altura de las circunstancias", decía el entonces ministro del Interior, Carlos Morán.
Este plan de seguridad contempló el resguardo de las diversas instalaciones donde se celebraron los Juegos, así como las calles de la capital peruana. Aparte, uno de los grandes problemas que se registraron durante la cita fueron los traslados entre los distintos recintos, debido a la altísima congestión vehicular limeña, aunque eso no fue un impedimento para la buena realización de un evento que tuvo a todo un país pendiente.
