El Partido Socialista del presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, ultima con la formación independentista catalana JxCat un acuerdo que facilite su investidura por otros cuatro años como jefe del Ejecutivo.
La amnistía para independentistas procesados por la justicia es la clave de la negociación, que este lunes se retomó en Bruselas mientras en España crece la tensión con una convocatoria de protestas desde la derecha y una ofensiva judicial.
Las negociaciones por parte de JxCat las dirige desde Bruselas el expresidente del Gobierno regional de Cataluña Carles Pugedemont, huido de la Justicia española tras la declaración unilateral de independencia de 2017.
Ley de amnistía y ofensiva judicial
Socialistas e independentistas negocian una futura ley de amnistía hasta el último detalle para que una vez aprobada no sea declarada inconstitucional, en un acuerdo que se da por "prácticamente" hecho, según fuentes de JxCat consultadas por EFE.
"La ley tiene que estar afinada hasta el último párrafo y hasta la última línea", señalaron fuentes de la negociación, en la que los socialistas están encabezados en Bruselas por su número tres, su secretario de Organización, Santos Cerdán.
En espera del acuerdo, la justicia sigue su curso: un juez de la Audiencia Nacional española acordó incluir a Puigdemont, entre otros, en
una investigación por terrorismo a raíz de los disturbios en Cataluña después de que líderes independentistas fueran
enviados a prisión en 2019, aunque luego fueron indultados por el Gobierno español.
El juez Manuel García Castellón cree que Puigdemont tuvo "un rol de liderazgo" en la plataforma que organizó las protestas.
Entre los investigados por terrorismo está también la secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Marta Rovira, formación con la que el PSOE ya cerró un acuerdo para la investidura, y entre los citados como testigos el coordinador de la formación independentista vasca EH Bildu, Arnaldo Otegi, otro de los grupos que confirmó su apoyo a los socialistas.
Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano rector de los jueces en España, con mayoría conservadora, aprobó una declaración institucional contra una futura ley de amnistía, al advertir de que acabaría con el Estado de derecho, iría contra la Constitución española y menospreciaría a la Justicia si los responsables políticos quedan "exentos de responder de sus delitos ante los tribunales".
En cambio, más de doscientos juristas y personas vinculadas con el mundo del Derecho respaldaron un manifiesto por la "amnistía, la democracia y la convivencia".
La derecha llama a salir a la calle
En esta coyuntura, el líder de la derecha, Alberto Núñez Feijóo, convocó concentraciones para el próximo domingo en todas las capitales de provincia de España en contra de los pactos de Sánchez a cambio de cesiones como la amnistía.
Feijóo, del conservador Partido Popular, descarta una repetición electoral en España, al considerar que Sánchez no se arriesgaría porque iría "a la oposición".
El PP fue el partido más votado en las elecciones del pasado julio en España, pero su líder no logró los apoyos parlamentarios necesarios para ser investido jefe del Ejecutivo.
El ultraderechista Vox, tercera fuerza más votada, anunció que denunciará a Sánchez ante el Tribunal Supremo español si se tramita una ley de amnistía, por considerarla "flagrantemente inconstitucional".
Una encuesta del diario español ABC refleja que un 59 por ciento de los consultados prefiere volver a las urnas y en ese caso sí lograría mayoría absoluta el bloque de derechas que apoyó la investidura fallida de Núñez Feijóo en septiembre.
Otra consulta, del periódico El Mundo, muestra que cerca del 40 por ciento de los votantes del PSOE no está a favor de la amnistía y apunta a la repetición de los comicios.
La investidura aún no tiene fecha para su votación, aunque si no se produce antes del próximo 27 de noviembre habría de nuevo elecciones en España, en principio en enero.
