En nombre del
Gobierno de Argentina, el ministro del Interior,
Guillermo Francos, entregó este miércoles por la tarde al presidente de la Cámara de Diputados del país vecino,
Martín Menem, un ambicioso
proyecto de ley "ómnibus" que, en sus 664 artículos, contiene amplias delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social por dos años, con la posibilidad de prorrogar este plazo por otros dos años más, es decir, hasta la finalización del mandato de Javier Milei.
No solo eso: en sus disposiciones finales, el Poder Ejecutivo requiere que, además, el Congreso le apruebe el mega decreto de necesidad y urgencia 70/23 -con sus 366 artículos- que dictó la semana pasada para desregular la economía. Pese a las críticas generalizadas que cosechó esta medida en la mayoría de los bloques opositores, el presidente Milei redobló la apuesta y ahora pretende, con este proyecto de ley ómnibus, que los legisladores le deleguen facultades en casi todas las áreas de la administración pública lo que, a juicio de la oposición, implicaría lisa y llanamente una claudicación de las potestades parlamentarias.
Por si fuera poco,
Milei reclama celeridad. Al convocar a sesiones extraordinarias del Congreso fijó que este período se extienda solo hasta el 31 de enero próximo. "La emergencia en la que se encuentra el país no permite que perdamos tiempo. La semana próxima, una vez constituidas las comisiones, empezaremos el debate", anticipó Martín Menem.
En el primer artículo de la ley "ómnibus" enviada al Congreso –denominada "Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos"– establece que su objeto es "promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales".
El proyecto está dividido en varios capítulos y modifica medio centenar de leyes. Es tan exhaustivo y ambicioso que incluso propone una reformulación copernicana del sistema político argentino. Además de la derogación de la ley de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), propone el sistema de circunscripciones uninominales -que serán diseñadas por el Poder Ejecutivo- para la elección de los diputados nacionales. Este sistema, que reemplazaría el actual régimen plurinominal, implica que en cada elección legislativa se pone en juego una sola banca por circunscripción, lo que favorece a la fuerza política que más votos consigue y restringe el acceso a segundas y terceras fuerzas, que se quedarían sin representación.
En esta lógica, el proyecto del Poder Ejecutivo dispone una reestructuración de la Cámara de Diputados: con esta ley, de ser aprobada, el número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 180.000 habitantes o fracción no menor de 90.000.
Con este nuevo paradigma electoral Milei buscaría acelerar los tiempos para alcanzar en dos años la mayoría en la Cámara baja, siempre que replique en las próximas elecciones legislativas el triunfo obtenido este año. Con el actual sistema plurinominal ese objetivo sería de muy largo aliento.
Otro punto polémico -que genera resistencia en la mayoría de los bloques legislativos- es la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria aprobada durante 2020. Si bien el Poder Ejecutivo "podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos", el proyecto no indica cuál sería la periodicidad. Además, el Gobierno pretende que se lo faculte a establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones "teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica". La iniciativa no establece plazos.
Hay más en materia previsional. El Gobierno pretende, además, que se giren al Tesoro Nacional los recursos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, actualmente en resguardo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Según este organismo oficial, en noviembre pasado este fondo alcanzó el mayor valor en su historia con 76 mil millones de dólares.
Blanqueo y moratoria
Por otra parte, el proyecto incluye un amplio régimen de regularización de activos, el cual estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2024. Permitirá regularizar hasta US$100.000 en efectivo, inmuebles o criptomonedas sin pagar impuestos. Superado ese monto se impondrá una escala de alícuotas que va desde el 5% hasta el 15% sobre el excedente según en qué momento se adhiera el contribuyente a la regulación.
En paralelo, el Gobierno propone una generosa moratoria para deudas contraídas por particulares y empresas por obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social. En todos los casos se habla de obligaciones vencidas hasta el 30 de noviembre de 2023 y establece un periodo de adhesión voluntaria de hasta 150 días corridos desde la sanción de la norma.
La iniciativa, además, avanza en otra de las consignas de campaña de Milei: la privatización de empresas y sociedades del Estado o con mayoría estatal. Entre ellas figuran: YPF, Administración General de Puertos S.E.; Aerolíneas Argentinas; Arsat; AySA; Banco Nación Argentina; Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.; Casa de Moneda; Contenidos Públicos; Corredores Viales; Correo Argentina; Enarsa; Ferrocarriles Argentinos; Operadora Ferroviaria y diversos medios públicos.
El capítulo sobre deuda pública promete generar una fuerte polémica. En efecto, el proyecto deroga el artículo primero de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, por el cual el Poder Ejecutivo estaba obligado a solicitar autorización al Congreso para emitir bonos en dólares por encima de lo establecido en el presupuesto. Otro punto que generará polémica es que la iniciativa permite renegociar o rescindir contratos de la administración cuando por razones de emergencia económica y atendiendo la disponibilidad de fondos públicos.
En materia tributaria se contempla un programa de regularización y modificaciones en bienes personales e impuestos internos. Asimismo, se dispone una suba en las retenciones agropecuarias: los productos que actualmente no tienen derechos de exportación pasarán a tributar un 15%. En el caso de la soja, el grano sigue con el 33%, pero el Gobierno subirá la alícuota del 31 al 33% para la harina y el aceite. Asimismo, se le confiere al Poder Ejecutivo la facultad de reducir o incrementar las alícuotas de los derechos de exportación hasta el 9 de diciembre de 2027, es decir, hasta la finalización del mandato de Milei.
En materia de seguridad, se establece un régimen para la organización de manifestaciones callejeras: incorpora en el Código Penal nuevos controles y agrava las penas por los cortes. A tal punto que se eleva de dos a tres años de cárcel al que "impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento" del transporte. Además, sanciona especialmente a los organizadores de los cortes y los hace solidarios por los daños que pudieran producirse sobre las cosas, incluso a aquellos organizadores que no estuvieran presentes en la manifestación.
Además, el proyecto propone convalidar el protocolo de seguridad elaborado por la ministra Patricia Bullrich; en este sentido se dispone que la realización de las manifestaciones deberán ser notificadas a la cartera de Seguridad “con una antelación no menor de 48 horas”.
También se introducen cambios en materia de Justicia: se dispone el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad en un plazo de tres años y, además, instaura el régimen de Juicio por Jurados para que sean juzgados por este sistema todos los delitos que en el Código Penal y las leyes complementarias tengan prevista una pena máxima en abstracto mayor a los 5 años de prisión o reclusión.
Es tan abarcativo el proyecto del Gobierno que incluso incorpora cambios en el sistema educativo. Se propone un examen integrador al finalizar la educación secundaria, y la posibilidad que los padres puedan tener conocimiento de las notas de sus hijos, y de cómo estas y las de su colegio comparan con las del resto del país. Se permite que los profesionales no docentes puedan participar del proceso educativo y se prohíbe el ingreso de personas sin secundario completo en la educación superior. Finalmente se autoriza a que las universidades que lo deseen puedan arancelar la educación de extranjeros no residentes.
Por último, el Poder Ejecutivo está decidido a instrumentar, en nombre de la emergencia, una profunda reorganización de la administración del Estado. Con ese propósito, reclama facultades para "centralizar, fusionar, transformar la tipicidad jurídica, reorganizar, disolver o suprimir, total o parcialmente, órganos y entidades descentralizadas creados por norma con rango de ley; así como transferir a las provincias, en los casos que corresponda, previo y redistribuir sus bienes y fondos conforme lo considere conveniente".
La primera víctima de esta reorganización es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI): en el proyecto el Gobierno propone lisa y llanamente su eliminación.
