Las Fuerzas Armadas de Ecuador anunciaron que
329 personas fueron detenidas y otras cinco fueron abatidas por la fuerza pública en el marco de la vigencia de la declaratoria de conflicto armado interno, suscrito por el Presidente Daniel Noboa para hacer frente a una imparable espiral de violencia criminal.
El jefe del comando conjunto, almirante Jaime Vela, dijo que en operaciones conjuntas de fuerzas armadas y policía en todo el territorio nacional
también fueron rescatadas 41 personas que permanecían como rehenes, que
se recapturó a 28 presos fugados, para lo cual
los uniformados se han enfrentado a tres grupos que las autoridades califican de terroristas.
"Las operaciones militares que hemos realizado en las que hemos logrado capturar y neutralizar a terroristas, lo hemos hecho con nuestro personal de inteligencia", aseveró.
Los detenidos pertenecen a los grupos Tiguerones, Lobos y Choneros, dijo.
Aclaró que un militar está herido por una acción no vinculada con los enfrentamientos a delincuentes, pero que
en la policía hay dos muertos y un lesionado en estado crítico por heridas de bala.
Hace poco menos de un mes, las autoridades habían señalado que se han identificado a 119 cabecillas de bandas criminales a los cuales se señaló como objetivos de alto valor.
Este primer informe se produce mientras equipos de
militares y policías mantenían custodia de infraestructura estratégica, y algunos medios de comunicación en Quito y Guayaquil cuando Ecuador intentaba recobrar la normalidad un día después que el gobierno del Presidente Daniel Noboa declaró el inicio de un conflicto armado interno contra grupos criminales.
En declaraciones a la radio privada Canela, el Mandatario dijo que el país atraviesa un momento muy duro, y que con firmeza su gobierno está "luchando por la paz y contra grupos terroristas", que -dijo- integran más de 20.000 miembros. Advirtió a jueces y fiscales que dan ayuda a las bandas criminales, que también serán procesados como parte de la "red terrorista".
Un juez dictó el miércoles la
orden de prisión preventiva para 11 de los 13 detenidos encapuchados que la víspera ingresaron armados al canal TC Televisión, con lo cual aceptó el pedido de Fiscalía durante la audiencia de formulación de cargos por el delito de "terrorismo". La boleta dispone su traslado a la Penitenciaría del Litoral.
Sobre
dos menores de edad de 15 y 17 años, tendrán que cumplir un
"internamiento preventivo".
En la mañana, el general Víctor Herrera, comandante de Policía de la zona 8 que incluye a Guayaquil, la ciudad costera considerada como la más violenta del país, indicó que cinco más fueron detenidos en los exteriores por lo cual se coordina con Fiscalía su procesamiento por actos "de terrorismo".
En tanto, el Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad informó el miércoles que
125 agentes de seguridad penitenciaria y 14 trabajadores administrativos permanecen retenidos desde el lunes en las cárceles de cinco provincias.
El viceministro de Gobierno, Fernando Torres, dijo a los medios que están actuando para que "salgan sanos y salvos sin ceder ante ningún solo delincuente". Ante ello, Vela aseveró que la Secretaría de Atención a Personas de Privadas de la Libertad, ha asegurado que
no hay agentes penitenciarios muertos, desmintiendo el contenido de reiterados videos que circulan en las redes sociales.
"El país está en relativa calma", aseguró a periodistas el secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, a su arribo temprano junto con otros funcionarios a la sede presidencial donde se reúnen altos funcionarios del gobierno y del cuerpo diplomático. Al menos unos 700 militares resguardan la zona.
Ecuador está viviendo por primera vez "un momento de unidad", en el que el enemigo del Estado "es el crimen organizado", señaló Izurieta.
Sin embargo,
el ambiente era incierto y había temor en el país de casi 18 millones de habitantes.
Buena parte de los ciudadanos se resguardaron en sus casas para evitar eventuales actos de violencia, mientras en las calles circulaban patrullas de la policía y el Ejército.
El decreto del gobierno de Noboa, difundido poco después de la toma violenta del canal de televisión,
permite un despliegue más amplio de militares en todo el país para combatir a una veintena de bandas del crimen organizado, ahora consideradas como organizaciones terroristas.
El paradero de "Fito" seguía siendo un misterio. Noboa aseguró que "estamos en una cacería activa", así como también de Fabricio Colón Pico, otro líder regional de otra banda, Los Lobos, quienes "serán procesados por terrorismo".
