Una ola de detenciones y persecuciones a los opositores del gobierno de Venezuela ocurrieron a las pocas horas de que el presidente, Nicolás Maduro, ordenara a sus seguidores activar la "furia bolivariana".
Esto luegode que el mandatario denunciara cinco supuestos intentos de asesinato y un presunto plan golpista. Así, respaldaba al fiscal general Tarek William que ordenó el arresto de 32 personas -civiles y militares- por su participación en los supuestos atentados.
En específico, Maduro dijo a sus seguidores que "si algún día los fascistas me hicieran daño, algún atentado, dejo en manos de ustedes hacer lo que tengan que hacer para reponer la justicia y la paz de Venezuela, activen la furia bolivariana".
La primera vez que Maduro utilizó el término fue en 2020, para referirse a una serie de medidas más "drásticas, audaces y valientes" por parte de su gobierno. En la actualidad, el plan se convierte en un operativo de seguridad de carácter "cívico, militar y policial", que busca prevenir y enfrentar las conspiraciones en contra del poder.
Expertos en derechos humanos asociaron las medidas del plan con persecuciones, encarcelamiento de personas contrarias al régimen y control social. Algunos mencionaron que esta estrategia sugiere "medidas de acoso" e "intentos de intimidación".
Otros aseguran que es una manera de "meter miedo a la gente" para que se muestren inactivos en las elecciones presidenciales. Además de ser "el anuncio de nuevos crímenes de lesa humanidad".
La "fuerza bolivariana" al mando
Luego de que el presidente de Venezuela anunciara las conspiraciones en su contra y pidiera activar la "furia bolivariana", el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, informó que las fuerzas se tomarían las calles con sus movilizaciones.
Con un organizado plan, anunció que se mantendrán activos hasta el 5 de marzo, asegurando que estas marchas son en contra de "la violencia" y "por la paz".
Las fuerzas armadas del país anunciaron su apoyo al plan, a través de operaciones militares en todo el territorio nacional, con el objetivo de proteger a la soberanía de las amenazas extranjeras.
En pleno inicio de año electoral
Todo sucede en pleno inicio de un año electoral, donde se aproximan las elecciones presidenciales, las que continúan sin tener una fecha establecida, a pesar de las presiones por parte de la oposición.
Las consecuencias de la "furia bolivariana" ya comienzan a evidenciarse, fue la candidata presidencial por Vente Venezuela, María Corina Machado, la que denunció la destrucción de varios de sus locales políticos. Expresando que "la campaña ya está en marcha y Maduro optó por ser un candidato represor".
Además, de denunciar que dos de sus jefes de campaña fueron detenidos y llevados, por la fuerza y sin una orden judicial.
La situación no deja de crecer, de hecho, Machado emitió una "alerta internacional" y dijo que es momento de demostrar al gobierno que la comunidad internacional no tolerará que se viole el acuerdo de Barbados que derivó en la flexibilización de sanciones por parte de EE.UU.
Rápidamente, Estados Unidos respaldó a la oposición venezolana. Fue el subsecretario de Estado, Brian Nichols, que manifestó la preocupación del país, específicamente "por las recientes acciones contra oposición y sociedad civil en Venezuela basadas en acusaciones sin fundamento. Seguimos presionando por un entorno político más abierto, elecciones presidenciales competitivas y un debido proceso".
Agregando que los Acuerdos de Barbados exigen "una cultura de tolerancia y coexistencia", además de "igualdad de condiciones", las que no se cumplen hoy en el país, como evidenció Machado.
En esta línea, la candidata llamó a "detener esta locura, porque eso significa la furia bolivariana. Nicolás Maduro ordenó la represión desde el Palacio de Miraflores".
