Gustavo Petro pidió el apoyo popular y cuestionó a la Fiscalía.
EFE
El Presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció una supuesta "ruptura institucional" para sacarlo del poder y volvió a acusar a la Fiscalía de querer investigarlo, por lo que pidió la movilización popular en su apoyo.
El mandatario señaló que "hay una seria ruptura constitucional cuando la Fiscalía investiga al presidente de la república", según un extenso mensaje publicado en la red social X.
"Han decidido la ruptura institucional. Como presidente de la República debo avisar al mundo de
la toma mafiosa de la Fiscalía y debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular por la decencia", dijo el Mandatario.
Esta no es la primera vez que Petro habla de que lo quieren sacar de la Presidencia, pues ya lo hizo en varias ocasiones el mes pasado, como cuando comentó un registro judicial que la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia hicieron a la sede de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) en Bogotá.
Ese allanamiento se hizo como parte de una investigación por la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial de Petro, que se basa en el supuesto aporte de 500 millones de pesos (unos 127.000 dólares) que hizo ese sindicato a la campaña del ahora Mandatario y que no fue reportado a la autoridad electoral, como lo ordena la ley.
En ese sentido, Petro aseguró en su carta del viernes que "se han allanado sindicatos, se ha torturado y se ha usado presiones sobre testigos para que se acuse al presidente y no han tenido éxito".
"Desesperadamente sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos y sectores corruptos de la Fiscalía
buscan la salida del presidente del cargo elegido por el pueblo", añadió.
Las declaraciones del jefe de Estado se producen en medio de un fuerte enfrentamiento político con el fiscal general, Francisco Barbosa, en el que frecuentemente se acusan mutuamente de violar la ley.
La disputa tiene un trasfondo ideológico porque a Barbosa, cercano al ex presidente Iván Duque (2018-2022), sus críticos lo acusan de poner la Fiscalía al servicio de intereses políticos para perseguir a personas afines al Gobierno mientras se hace la vista gorda con casos que involucran a políticos de derecha.
De otro lado hay quienes consideran que Petro, que en agosto cumplirá dos años en el poder, busca interferir en la independencia del Poder Judicial ya que su propio hijo, el primogénito Nicolás Petro Burgos, está investigado por la Fiscalía por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, delitos que salpican su campaña presidencial.
Al respecto, el presidente afirmó que la Fiscalía pedirá su "juicio político sin ocultar que ha hecho investigación inconstitucional en mi contra buscando el triunfo que el pueblo no les otorgó".
"Judicialización de la política"
Los dichos de Petro generaron acciones de apoyo por parte de sus aliados en la región. Fue así como el Grupo de Puebla expresó su "profunda preocupación" por lo que consideran una "campaña de judicialización de la política" contra el Mandatario colombiano.
A través de una declaración pública, el movimiento de líderes progresistas que dirige –entre otros- el ex candidato presidencial chileno Marco Enríquez-Ominami, afirmó dijo que "el fiscal general Francisco Barbosa y la procuradora Margarita Cabello, integrantes reconocidos de la derecha colombiana, hoy se encuentran en abierta oposición al gobierno progresista de Petro".
"La insistencia de estos funcionarios en convertir la persecución judicial del gobierno y su familia en una causa política, además de causar un daño reputacional al Presidente, está deteriorando la democracia del país, distrayendo la justicia que debería estar ocupada en la persecución de la criminalidad relacionada con el conflicto armado y perjudicando la imagen internacional de Colombia como un Estado de leyes e instituciones respetadas y respetables", puntualizó el grupo.
Además de Enríquez-Ominami, la declaración está firmada por el ex presidente de Colombia Ernesto Samper; el exmandatario de Ecuador Rafael Correa; los senadores colombianos María José Pizarro, Clara López e Iván Cepeda; y el Representante a la Cámara por Bogotá David Racero, entre otras figuras políticas de la región.
