El gobierno de Nicaragua cerró nueve organizaciones no gubernamentales, entre ellas una católica y tres evangélicas, y avaló el cierre de una universidad privada, según decisiones oficiales publicadas este martes.
Los nueve organismos incurrieron en "incumplimientos" en los reportes de sus finanzas en periodos de entre dos y 26 años y, tras la cancelación de su personería jurídica, sus bienes pasarán al Estado, de acuerdo a la decisión del Ministerio del Interior publicada en el diario oficial La Gaceta.
Entre las oenegés canceladas está la católica Asociación Máter Puríssima Nicaragüense Año 2000 y las evangélicas Asociación Iglesia El Nuevo Remanente, Fundación Cristiana Renuévame Señor y Asociación Iglesias Solo Jesucristo Salva Hechos 4:12.
Otra de las oenegés canceladas es la Fundación Aguas Bravas Nicaragua (ABN), que contaba con registro desde el 2013 y que, según su perfil en redes sociales, ofrece apoyo a las mujeres que fueron las víctimas de abusos sexuales en su infancia.
El Ministerio del Interior indicó que ABN no presentó estados financieros entre 2015 y 2022, y que su directiva estaba vencida desde 2014.
Los bienes muebles e inmuebles de las nueve asociaciones serán traspasados al Estado, según la legislación que regula a los organismos sin fines de lucro, señaló la cartera.
En otra decisión publicada en La Gaceta, el Ministerio del Interior aprobó la cancelación de la personalidad jurídica "por Disolución Voluntaria de la Asociación Universidad de Administración, Comercio y Aduana María Guerrero (UNACAD)".
La universidad estaba inscrita desde febrero de 2005 y presentó la solicitud de cancelación por "disolución voluntaria acordada de forma unánime por sus miembros" el 3 de febrero "debido a los bajos ingresos que percibe la Universidad, lo que les impide cumplir con el programa de inversiones para Plan de Mejora", indicó la publicación
Nicaragua endureció las leyes tras las protestas de 2018 contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según la ONU.
El gobierno de Ortega, que consideró las protestas como un intento de golpe de Estado promovido por Washington, aseguró que algunas ONG las financiaron.
El gobierno de Ortega ha cerrado unas 3.500 ONG desde 2018.
