El relator de la ONU sobre el derecho a vivir en un medioambiente sano y sostenible dijo este miércoles que en partes de Chile se prioriza el uso industrial del agua por encima del acceso de la población a este recurso, y se permite la contaminación de áreas habitadas, ante lo cual reclamó que se indemnice a las víctimas.
En su presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se reúne en Ginebra, el relator David Boyd afirmó que "Chile debe dar prioridad a remediar estas violaciones de los derechos humanos exigiendo a las empresas que reduzcan la contaminación, se trasladen o cierren, que inviertan en la rehabilitación de los ecosistemas contaminados e indemnicen a las víctimas".
Boyd expuso los puntos principales de un informe que ha entregado a ese Consejo, el que incluye sus conclusiones durante algunas visitas realizadas a distintos países en 2023, entre los cuales figura Chile, al que viajó en mayo pasado.
Luego de felicitar al Gobierno chileno por su gran cooperación para que cumpliera su misión, el relator mencionó el acceso al agua como uno de los mayores problemas, ya que se trata de un recurso naturalmente escaso, y que se ha visto aún más afectado por el cambio climático y por su consumo con fines industriales.
En esta línea, Boyd indicó que "hay leyes que han privatizado el agua, así que las compañías mineras y agroexportadoras tienen agua para sus actividades mientras que miles de personas no tienen acceso suficiente y seguro al agua".
Agregó a ello la problemática de las denominadas "zonas de sacrificio" medioambiental, donde "los beneficios e intereses privados tienen la prioridad sobre la salud humana, los derechos humanos y el medioambiente".
"He escuchado testimonios descorazonadores de residentes de esas zonas de sacrificio, incluidos indígenas, niños, jóvenes y padres", lamentó.
A pesar de que reconoció que Chile está tomando medidas a favor del medioambiente, como el cierre de plantas de carbón o el reforzamiento de regulaciones, el experto de la ONU sostuvo que las autoridades "deben hacer más por las personas que viven en la zonas de sacrificio".
Al hablar de manera más general de los problemas a nivel global, Boyd manifestó que muchas grandes compañías violan el derecho a un medioambiente sano al contaminar el aire, el suelo y el agua, alterar los ecosistemas y la biodiversidad, producir comida insana y emitir substancias que intoxican a los humanos, animales y a la naturaleza.
Según sus investigaciones la contaminación del aire genera costos anuales de US$8,1 billones por daños al medioambiente, mientras que los alimentos industriales imponen costes de más de US$10 billones por año, que son cargas que los países y no las industrias terminan asumiendo.
"Muchos grandes negocios son criminales medioambientales, pero es raro que se les sanciones", denunció, agregando que incluso cuando son multados, sus beneficios casi no sufren.
Entre los ejemplos que entregó, mencionó los escándalos de los motores de diésel de Volkswagen en 2015, o del vertido de petróleo desde la plataforma Deepwater Horizon que operaba British Petroleum (BP) en el Golfo de México en 2010, los cuales "no tuvieron una repercusión significativa en los precios de las acciones" de estas firmas.
