Corría el
domingo 28 de julio y la oposición venezolana mantenía las esperanzas. Ese día, millones de ciudadanos fueron a las urnas para elegir entre la continuidad de
Nicolás Maduro en la presidencia o un nuevo mandatario. Fueron horas marcadas de tensión que luego se transformó en desconcierto después de que las autoridades electorales proclamaran, sin pruebas, el triunfo del líder chavista, sepultando así los anhelos de cambio.
El anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) era, por lo bajo, polémico: los resultados preliminares se dieron recién seis horas después del cierre de las mesas debido a un supuesto ciberataque al sistema de divulgación de los mismos; y peor aún, sin publicar las actas de escrutinio, tal como lo ordena la ley. El rechazo a esta situación fue mayoritario.
Han pasado cuatro semanas desde ese domingo y el escenario es de marcada incertidumbre. Mientras la oposición, con el apoyo de numerosos líderes extranjeros, sigue reclamando transparencia y acusa fraude electoral,
el Ejecutivo insiste en la legalidad de los resultados y ha iniciado todo un plan para mantenerse en el poder, llegando incluso a decir que ha sido víctima de un "intento de golpe de Estado".
Revisa aquí los momentos principales que han marcado el conflicto poselectoral en Venezuela.
De la esperanza a la rabia
Pasadas las 0:00 horas del 29 de julio, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, comunicaba el triunfo "contundente e irreversible" de Nicolás Maduro con el 51,2% de los votos frente al 44,2% obtenido por el abanderado opositor Edmundo González, con "el 80% de las mesas escrutadas".
La esperanza de la oposición -cuyos cálculos auguraban una victoria segura de González- se transformó en rabia. Inmediatamente surgieron los llamados para que las autoridades electorales publicaran las actas de votación que confirmen los resultados entregados. Sin embargo, el CNE ha hecho lo contrario hasta ahora.
Este hecho se sumaba a la serie de irregularidades registradas desde el comienzo de la campaña electoral. Primero, la Contraloría inhabilitó a la líder opositora
María Corina Machado (quien había arrasado en las primarias de su sector en 2023), impidiendo su postulación. Esto dio inicio a una larga procesión que terminó con la proclamación del diplomático
Edmundo González como abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), con el respaldo de la ex congresista.
Avanzaba la campaña y los sondeos independientes auguraban un triunfo claro de la oposición, mientras González y Machado sufrían con los ataques del madurismo y la persecución a cualquiera que le ofreciera sus servicios en ese momento. Es por eso que los resultados sorprendieron.
A sabiendas de que esto podría ocurrir, la oposición realizó un fuerte operativo para contrastar la información "oficial". De esta forma, logró recopilar copias de las actas de escrutinio, las que confirmarían el triunfo aplastante de González. Los documentos fueron publicados en una página web en la que cada elector puede ingresar sus datos y revisar.
En paralelo, el Gobierno justificaba el retraso en la entrega de las actas por un hackeo que habría sufrido el CNE, el que según el fiscal general Tarek William Saab (también servil al chavismo) fue perpetrado desde Macedonia del Norte, responsabilizando a dirigentes de la oposición, incluida Machado y Leopoldo López.
Ambos líderes opositores, por lo demás, fueron sindicados por Maduro y compañía como los responsables detrás de
las 27 muertes y más de 2.000 detenciones registradas en el marco de las masivas protestas contra el gobernante en distintas zonas del país.
El sucesor de Hugo Chávez aseguró incluso que todos los arrestados durante las manifestaciones se prepararon en "centros de entrenamientos en Chile y Perú" y volvieron a Venezuela para intentar desestabilizar a su gobierno.
Maduro vs. el mundo
Esta "acusación" del Presidente venezolano es solo una muestra de los enfrentamientos que el régimen chavista ha tenido con diferentes países desde que se conocieron los resultados electorales. Uno de los primeros en criticar fue el Presidente Gabriel Boric, quien aseguró que los números publicados por el oficialismo "son difíciles de creer" y que "desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable".
Estas palabras molestaron en Caracas, que decidió expulsar al personal diplomático de Chile y otros seis países (Argentina, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay) que también cuestionaron a Maduro, e incluso algunos fueron más allá y días después decidieron reconocer a Edmundo González como "presidente electo" de Venezuela.
El régimen también se enemistó con el
Centro Carter, uno de los pocos organismos autorizados por el chavismo para participar como observadores en los comicios del 28 de julio. La agrupación estadounidense -conocida por estar en numerosos procesos electorales- concluyó que las elecciones "
no pueden considerarse democráticas", al mismo tiempo que descartó cualquier posibilidad de hackeo al sistema electoral.
Días después, reconoció la victoria de Edmundo González, algo que no cayó para nada bien en el chavismo.
La ofensiva de Maduro fue más allá. No contento con enemistarse con medio continente, el venezolano también se trenzó en una pelea con el magnate Elon Musk, quien ha sido crítico del líder chavista. El gobernante caribeño no se quedó callado y aseguró que el dueño de Tesla también estaría detrás del supuesto intento de golpe de Estado. Asimismo, decidió bloquear la red social X -de propiedad del empresario sudafricano- durante 10 días.
El jefe de Estado puso después sus ojos en otras redes sociales, como WhatsApp, Instagram y TikTok, a las que acusó de ser "multiplicadores del odio y del fascismo" en el país y ser herramientas del "golpe de Estado ciberfascista" que dice ser víctima.
Y pese a que cuenta con el reconocimiento de países como China, Rusia, Cuba y Nicaragua, entre otros, Maduro se está quedando cada vez más solo a nivel internacional. Muestra de ello es la reacción de los presidentes
Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil),
Andrés Manuel López Obrador (México) y
Gustavo Petro (Colombia), referentes del progresismo latinoamericano reconocidos como aliados de Venezuela.
Los tres gobernantes, si bien han evitado hablar de fraude electoral, tampoco han proclamado la victoria de Maduro y exigieron la publicación de todas las actas de escrutinio, algo que -bien lo sabemos- no ha ocurrido en cuatro semanas. Es más, hasta propusieron la realización de nuevos comicios con observadores internacionales, idea que fue desechada tanto por la oposición como por el oficialismo.
La persecución y la validación
A nivel interno, comenzaba la persecución. Con el gobierno y la fiscalía trabajando a la par para responsabilizar a los líderes opositores de la crisis poselectoral, las fuerzas de seguridad del régimen detuvieron a diversos dirigentes y abrieron investigaciones penales contra Machado y González, quienes pasaron a la clandestinidad para evitar ser detenidos.
En paralelo, y ante las acusaciones de fraude, Maduro pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) revisar las elecciones a través de un recurso de amparo que nunca se conoció públicamente y por el que fueron convocados los 10 candidatos presidenciales. Claramente, con esta medida el dirigente buscaba validar su reelección en un organismo que también está controlado por el chavismo.
Así las cosas, el máximo tribunal llevó a cabo la investigación pese a que las actas no están publicadas y
certificó "de forma inobjetable" el triunfo de Nicolás Maduro. Esto, tras analizar un informe elaborado por expertos nacionales e internacionales "altamente calificados e idóneos", cuyas identidades se desconocen. En el proceso tampoco hubo presencia de la oposición.
El fallo judicial encendió nuevamente las alarmas en la comunidad internacional, mientras el chavismo confía firmemente en que estas artimañas servirán para mantenerse en el poder y validar un proceso ampliamente rechazado en el planeta.
Así, con un presidente apernado y unas actas cuya existencia a estas alturas es toda una incógnita, el pueblo venezolano sigue sin saber qué pasó realmente.