La ONU denunció este martes una reciente ley aprobada por el Parlamento de Nicaragua que podría intensificar, en su opinión, la "represión" de los nicaragüenses exiliados, cuyos derechos llamó a "proteger".
El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU debatió en Ginebra el informe sobre la situación en Nicaragua, presentado por Christian Salazar Volkmann, responsable del Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH.
"Esas reformas podrían ser utilizadas para
intensificar la persecución y represión aún más a personas nicaragüenses, incluso en el exilio, y a extranjeras, por el legítimo ejercicio de sus derechos", aseguró.
El pasado viernes entró en vigor en Nicaragua una ley para juzgar a quienes cometan acciones en el exterior contra el gobierno, denunciada por los exiliados como una "herramienta de represión transnacional".
La ley contempla sanciones de hasta 30 años de prisión y confiscación de los bienes por "delitos contra la administración pública", "ciberdelitos" o "delitos contra el Estado o instituciones", entre otros.
El gobierno de Daniel Ortega ha endurecido la legislación y la represión tras las protestas opositoras de 2018. Desde entonces han sido cerradas unas 5.500 ONG y sus bienes fueron confiscados.
Las protestas dejaron en tres meses más de 300 muertos, según la ONU, y desde entonces miles de nicaragüenses han partido al exilio y cientos han sido expulsados y sus bienes confiscados.
La ley entró en vigor un día después de que el gobierno de Ortega y liberara a 135 presos políticos, quienes fueron enviados a Guatemala, gracias a una mediación de Estados Unidos.
El enviado estadounidense pidió entonces a Ortega que no despojara de la nacionalidad nicaragüense a estos excarcelados, como hizo con otros presos políticos liberados y opositores exiliados.
Una de estos últimos es la poeta nicaragüense Gioconda Belli, exiliada desde 2023 en España, quien, ante el Consejo de Derechos Humanos, reclamó el "cese del acoso contra las voces críticas" por el gobierno de Ortega.
El despojo de la nacionalidad sumado a "la práctica de denegar la renovación de documentos de identificación" a sus ciudadanos en el exterior
"contraviene el derecho internacional", aseguró por su parte la representante de Chile,
Claudia Fuentes-Julio.
"Se debe proteger y promover los derechos de todas las personas que quieran vivir en Nicaragua, quienes están en el exilio tienen derecho a un retorno seguro y a poder desarrollar su vida en paz en su país", dijo Salazar.
Instrumento "imperialista"
En su informe anual sobre la situación en Nicaragua, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtió la semana pasada del "grave" deterioro bajo el gobierno de Ortega y de su esposa vicepresidenta Rosario Murillo.
El informe documentó detenciones arbitrarias a opositores, torturas, malos tratos en detención, aumento de la violencia contra comunidades indígenas, ataques a la libertad religiosa, etc.
En una intervención por video, la procuradora general de Nicaragua,
Wendy Morales, denunció las
"injusticias, parcialidades e ilegalidades" del documento, realizado, a su juicio, "con una agenda definida".
Estos instrumentos, usados por los "imperialistas" para intervenir en los asuntos internos, "violan el principio de no intervención", estimó Morales, a quien Washington sancionó en marzo "por ser cómplice de la opresión".
A junio de 2023, 271.740 nicaragüenses figuraban como solicitantes de asilo en el mundo y 18.545 obtuvieron el estatuto de refugiado, indicó en otro informe en febrero el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua.
Los países con más solicitantes de asilo fueron los países vecinos, Costa Rica y Panamá, así como Estados Unidos, España y México, agregó, citando datos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur).
