La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, firmaron una declaración conjunta para el "compromiso y la cooperación" entre ambos países en la lucha contra el crimen organizado, según informaron este martes fuentes oficiales.
"La nueva doctrina contra el crimen organizado", como se titula el texto de ocho principios fechado este lunes, se firmó en el marco de la visita que el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, efectúa en Argentina.
Bullrich celebró este martes en su cuenta de X el
"acuerdo histórico" con El Salvador que "refleja un
cambio de paradigma en la lucha contra el narcoterrorismo" y afirmó que "esta nueva doctrina revolucionaria" se basa en "varios principios fundamentales", entre los cuales indicó que están "del lado de las víctimas, nunca de los victimarios" y por eso combaten a los criminales "con toda la fuerza del Estado".
El primer principio postula la "política criminal orientada al control territorial como eje de soberanía" e indica que el Estado "no debe renunciar al control absoluto de su territorio ante la amenaza del crimen organizado".
El segundo principio habla de la "lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de dinero", por el que se comprometieron a "coordinar acciones en común, intercambiar información y a establecer mecanismos estables de financiamiento de los sistemas de seguridad".
Los ministros repudiaron "cualquier política que defienda el derecho al acceso a las drogas ilegales" y afirmaron que creen "en la obligación del Estado de reducir al mínimo la oferta ilegal".
Defendieron que sus "Estados requieren de leyes contra las mafias y organizaciones criminales que contemplen penas agravadas" para sus integrantes y "facultades ampliadas para el trabajo de las fuerzas policiales y de seguridad", "así como para los ministerios públicos fiscales".
Se comprometieron a "reforzar mecanismos de cooperación y coordinación de acciones contra el lavado de activos y a actuar bajo el principio de investigaciones paralelas" de lavado por cada investigación contra el delito organizado, así como la "rápida restitución a las víctimas de los elementos utilizados por el narcotráfico".
El tercer principio es
"dignificar el rol policial", al declarar el "firme respaldo" al personal policial y de seguridad pública y apoyar la "implementación de estrategias conjuntas y el intercambio de conocimientos" y promover "programas de intercambio de oficiales y expertos de personal" entre ambos países.
Respecto del "marco normativo", el cuarto principio, sostuvieron la "necesidad de presentar reformas a los Códigos Penales con nuevas figuras y penas más altas", entre las que enumeran "el régimen penal juvenil y modificar al régimen de reincidencia", "ampliar las acciones de los institutos de la legítima defensa y del cumplimiento del deber y evitar la revictimización de hechos delictivos".
El quinto principio es el "control del Estado en las cárceles", con la "clara identificación y clasificación de la población carcelaria", con "medidas de control específicas a la población carcelaria de alto riesgo", "controles permanentes al interior de las cárceles" y el "fin de las comunicaciones libres y sin control" dentro de los penales.
Propusieron el "fin de la burocracia a favor del delito" en el sexto principio, "en particular" las que "defienden intereses sectarios".
Reafirmaron el compromiso de "homologar procedimientos" en materia policial, legal y criminal, al considerar que "es fundamental" que se haga entre los países de América Latina.
Finalmente defendieron "organismos internacionales desideologizados" y sin sesgos "empáticos con el crimen organizado", tras acusarlos de atacar "las estrategias de prevención institucional del delito" que resulta -según dijeron- en el "empoderamiento de las organizaciones criminales".
