La decisión del
Parlamento israelí (Knéset) de prohibir las actividades de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos,
UNRWA, desató una serie de críticas por parte de la comunidad internacional, que advirtió el efecto "devastador" que podría tener esta medida, al no poder operar con normalidad.
Durante más de 70 años, la UNRWA ha brindado ayuda esencial de educación, salud y asistencia en los territorios palestinos y a los refugiados palestinos en otros sitios. En esta línea, la decisión de la Knéset puede perturbar gravemente las actividades de la agencia, considerada la "columna vertebral" de la acción humanitaria en Gaza, puesto que Israel es quien controla la entrada de toda la ayuda a este territorio de 2,4 millones de personas.
Israel acusó a algunos empleados de la agencia de haber participado en el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra en Gaza. "Hay una profunda conexión entre la organización terrorista (Hamás) y la UNRWA, e Israel no puede tolerarlo", declaró Yuli Edelstein, uno de los legisladores que impulsó la ley.
Ante esto, el jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini, aseguró que la decisión, que debe implementarse 90 días después de su aprobación, "agravará el sufrimiento de los palestinos".
Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, aseguró que el veto a la agencia "tendrá un impacto devastador en la situación humanitaria de los palestinos en el territorio ocupado", según explicó su vocero, Stephane Dujarric.
Dujarric añadió que Guterres escribió hoy una carta al primer ministro israelí,
Benjamín Netanyahu, "exponiendo sus preocupaciones y las cuestiones de derecho internacional" que plantea esta ley.
Y destacó que, de acuerdo al derecho internacional humanitario, Israel, como potencia ocupante, "sigue teniendo la obligación de garantizar que se cubren las necesidades de la población", y si el Estado hebreo "no está en condiciones de satisfacer esas necesidades, debe permitir y facilitar las actividades de la ONU".
Condena de Chile y otros actores
Tras conocerse la decisión parlamentaria, varios países expresaron su rechazo. Chile fue uno de ellos: a través de un comunicado, la Cancillería indicó que "condena enérgicamente" la medida, ya que "podría privar a millones de palestinos, especialmente mujeres, niños y niñas en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental, de acceder a la necesaria ayuda humanitaria".
"Una vez más vemos, con alarmante preocupación, que las acciones adoptadas por las autoridades de Israel transgreden el Derecho Internacional Humanitario y las medidas provisionales ordenadas por la Corte Internacional de Justicia", afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En esa línea, la entidad enfatizó que Israel, "al igual que todas las partes en el conflicto, tiene la obligación de garantizar y proteger la labor de todo el personal humanitario".
El Gobierno de Francia también manifestó su rechazo a la decisión de la Knéset y advirtió que la aplicación de esta medida "tendría consecuencias muy graves para la situación humanitaria en Gaza, que ya es catastrófica, pero también en el conjunto de los territorios palestinos ocupados, privando a cientos de miles de civiles de una ayuda esencial en materia de alojamiento, atención sanitaria, educación y alimentación",
Por su lado, la secretaria de Relaciones Exteriores de Reino Unido, Annelise Dodds, expresó este martes la preocupación del Gobierno británico ante la aprobación de esta ley en Israel y señaló que su país continuará "usando todas las palancas para ejercer presión a fin de que el Gobierno israelí no implemente esta legislación".
El Gobierno de Noruega, en tanto, fue más allá y pidió a la Corte Internacional de Justicia que "se pronuncie sobre las obligaciones de Israel de facilitar a la población palestina la asistencia humanitaria entregada por organizaciones internacionales, incluida la ONU, y por los Estados", según indicó el primer ministro, Jonas Gahr Store, en un comunicado.
Condena del mundo árabe
Desde el mundo árabe también condenaron la nueva norma. Para Egipto, "esta medida forma parte de una larga serie de violaciones israelíes del derecho internacional (...), y refleja un desprecio inaceptable por la comunidad internacional y la ONU", según indicó su Ministerio de Relaciones Exteriores.
Denunció también "las violaciones sistemáticas israelíes que no se limitan a la comisión de crímenes contra civiles palestinos indefensos sino pretenden restringir los esfuerzos destinados a aliviar el sufrimiento causado por las políticas y prácticas israelíes".
Por su parte, el secretario general de la Liga Árabe, integrada por 22 Estados, Ahmed Abulgheit, calificó la decisión de la Knéset como "sin precedentes" y "peligrosa", e invitó a la comunidad internacional a "afrontarla".
"Equivale a confiscar el futuro de millones de palestinos y representa el último episodio de un plan que Israel ha estado llevando a cabo durante años para eliminar el papel de la agencia, intentar destruir su reputación internacional y secar sus fuentes de financiación", dijo Abulgheit.
"La decisión supone un peligroso precedente a nivel internacional, ya que Israel no fue quien creó la UNRWA para prohibir su trabajo, sino que la agencia fue creada por una resolución de la ONU (...), y por tanto la responsabilidad de su mantenimiento es de la Asamblea General de las Naciones Unidas", concluyó el máximo responsable de la Liga Árabe.
En este contexto se expresó también el Gobierno de Irak en un comunicado, en el que instó a la comunidad internacional a que "asuma su responsabilidad según el derecho internacional humanitario y tome medidas serias para detener estas graves violaciones humanitarias".
