El Consejo de Seguridad se sumó a los llamados internacionales.
AP
El Consejo de Seguridad de la ONU pidió este miércoles a Israel que permita seguir operando a la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en Israel y los territorios ocupados, después de que el parlamento israelí (Knéset) aprobara dos leyes para vetar sus actividades en la zona.
El Consejo instó al Gobierno israelí en un comunicado firmado por todos sus miembros -incluido Estados Unidos, fiel aliado de Israel-, que cumpla con sus obligaciones internacionales, respete los derechos e inmunidades de la UNRWA y facilite una asistencia humanitaria "rápida, segura y sin trabas" en toda la Franja de Gaza.
De esta forma, exigieron a las partes en conflicto que permitan a la UNRWA llevar a cabo su mandato "en todas las áreas de operación, con
pleno respeto a los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia", así como que respeten el derecho internacional humanitario.
La Knéset aprobó en la noche del lunes dos leyes por abrumadora mayoría que buscan cerrar las oficinas de la UNRWA en Jerusalén este, ciudad ocupada por Israel en 1967, y limitar sus operaciones en la Franja de Gaza y Cisjordania.
Los miembros del Consejo de Seguridad subrayaron que la UNRWA "sigue siendo la columna vertebral de toda la respuesta humanitaria en Gaza" y destacaron que ninguna otra organización puede reemplazar su capacidad para servir a los palestinos.
Así, destacaron el papel de la agencia en la prestación de asistencia humanitaria a través de programas esenciales de educación, salud, socorro, servicios sociales y asistencia de emergencia en el territorio palestino ocupado, y en Jordania, Líbano y Siria.
Y coincidieron con el secretario general, António Guterres, en que la suspensión de la agencia tendrá "graves consecuencias humanitarias para millones de refugiados palestinos".
El Consejo también hizo referencia en su comunicado a los nueve miembros de la UNRWA que fueron acusados de estar involucrados en los ataques de Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre de 2023.
En este sentido, pidieron a Guterres que lleve a cabo las medidas oportunas para "abordar cualquier denuncia creíble y garantizar la rendición de cuentas por cualquier violación de las políticas de la Agencia relacionadas con el principio de neutralidad".
