La decisión del Presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, de activar la ley marcial sorprendió incluso a medios y expertos políticos locales. Todo apunta a una embrollada maniobra ligada más a la supervivencia política que a la necesidad de salvaguardar la seguridad nacional que promete tener además graves consecuencias para el impopular Mandatario.
Estas son algunas piezas que pueden ayudar a recomponer un intricado puzle muy conectado con la situación política doméstica y que nada parece tener que ver con la amenaza que plantea Corea del Norte o el peligro que supone el fuerte acercamiento entre Pyongyang y Moscú.
Una ley para tiempos de guerra
La primera reacción de todo residente en Corea del Sur fue la de revivir el agrio recuerdo de las dictaduras militares entre los sesenta y ochenta y la de no entender cómo una ley pensada para las emergencias militares o nacionales podía haber sido invocada por primera vez en democracia en un momento en el que ninguno de esos requisitos se cumplían.
La ley, que puede ser revocada por la Asamblea Nacional -algo que los parlamentarios lograron hacer apenas dos horas después de su activación- busca suspender las actividades políticas, controlar a los medios o permitir las detenciones sin orden judicial en aras de "mantener la ley y el orden".
Yoon argumentó en su anuncio que la oposición política estaba llevando a cabo actos "anti-estatales" y actuando como una fuerza "pro norcoreana" que ponía en peligro la estabilidad y el normal funcionamiento del Estado.
La acusación norcoreana
La afirmación de Yoon encendió las alarmas de una mayoría de surcoreanos, que no acertaban a ver por ningún lado la relación entre la oposición que estaba llevando a cabo el liberal Partido Democrática (PD) con el apoyo al régimen de Kim Jong-un o la voluntad de destruir al Estado.
Los medios surcoreanos subrayaron al poco de anunciada la medida lo que había pasado horas antes en la Asamblea Nacional -el PD, con mayoría en el Parlamento, había presentado una moción para unos presupuestos generales para 2025 raquíticos- y comenzaron a juntar algunas piezas.
El lunes, el PD también había logrado presentar
mociones para destituir a miembros de la fiscalía general del Estado por no enjuiciar a la primera dama, Kim Keon-hee, pese a las sospechas de que manipuló activos bursátiles hace más de diez años, así como al máximo responsable del órgano auditor de las cuentas estatales,
Choe Jae-hae, por su negativa a facilitar documentos sobre el polémico y millonario traslado de la Oficina Presidencial en 2022.
Teniendo en cuenta que la tasa de popularidad de Yoon -que quedó tremendamente debilitado después de que las legislativas de abril aumentaran enormemente la mayoría parlamentaria de la oposición- apenas se situaba en el 25% según sondeos del fin de semana, la mayor parte del país ve el decreto de la ley marcial como un desesperado y enrevesado intento de sobrevivir en el poder.
El dudoso rol del Ejército
La aprobación de la ley marcial pone el foco sobre la asesoría que recibió Yoon por parte de figuras calificadas de "halcones", como el ministro de Defensa Nacional, Kim Yong-hyun (que presentó su renuncia después de que el Parlamento aprobara hoy votar su destitución) o su asesor de Seguridad Nacional (y ex titular de Defensa), Shin Won-sik, que también puso su cargo a disposición del presidente junto a otra media docena de consejeros.
El episodio saca a la luz nuevamente la inquietante inclinación de determinados sectores militares afines al espectro político conservador por hacer uso de las leyes de emergencia nacional o planificar su posible implementación, como sucedió también durante el Ejecutivo de la también conservadora y destituida Park Geun-hye, que gobernó entre 2013 y 2017.
La posibilidad de que existan elementos castrenses aún conectados con la noción de que Corea del Sur es un país que requiere mano de hierro pese a ser reconocido como una democracia vibrante y saludable y una economía que se sitúa entre las mayores y más dinámicas del mundo
promete traer cola y degenerar incluso en purgas.
Esto subraya además la necesidad de que el país legisle para crear salvaguardas que impidan el uso gratuito de semejantes leyes pese a estar oficialmente en guerra con el Norte.
Los efectos para el país
La consecuencia más inmediata para Yoon es la de encarar a final de semana una votación para destituirlo en el Parlamento después de que la oposición presentara hoy una moción para apartarlo del cargo.
Teniendo en cuenta que el propio presidente de su formación, el Partido del Poder Popular (PPP), condenó la declaración de la ley marcial y de que varios de sus parlamentarios votaron en la madrugada del miércoles para revocarla, es de esperar que la oposición logre sumar los apoyos de apenas ocho escaños del bloque gobernante necesarios para lograr una mayoría de dos tercios que inhabilite a Yoon.
El primer ministro, Han Duck-soo, asumiría la jefatura de Estado y Gobierno de manera interina mientras Yoon debería aguardar a que el Constitucional -que tiene un plazo máximo de 180 días tras la destitución parlamentaria para promulgar un fallo- decida o no si el Mandatario vulneró la Carta Magna al aprobar la ley de emergencia.
A su vez, el episodio promete tener, al menos a corto plazo, efectos negativos sobre el país, desluciendo su imagen como nación estable y pujante actor diplomático, y sobre la confianza de los inversores en la economía de Corea del Sur y su divisa, todo ello pese a que la mayoría del espectro político y de la sociedad civil dieran en la madrugada del miércoles toda una lección de madurez democrática.
