Plantean que el proyecto beneficia con "ascensos automáticos" a los persecutores, pero posterga a psicólogos, administrativos, ingenieros y abogados asistentes.
Las Últimas Noticias (Archivo)
SANTIAGO.- Los trabajadores del Ministerio Público iniciarían a partir de este viernes una escalada de movilizaciones, en rechazo al proyecto de fortalecimiento del Gobierno, el que aseguran es "elitista", pues sólo beneficia a los fiscales.
Paulina Ruiz, presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Sur (Affemsur), que además agrupa a los empleados de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, aseguró a Emol que la iniciativa gubernamental "los ha dejado de lado".
La dirigenta explicó que el proyecto beneficia con "ascensos automáticos" a los persecutores, pero en el caso de psicólogos, administrativos, ingenieros e incluso abogados asistentes, tendrían que esperar que hasta siete años.
"No se reconocen estudios superiores a administrativos y profesionales auxiliares. Hay gente contratada en todas las áreas a los que no se les reconoce asignación profesional, en cambio para los fiscales hay ascensos automáticos", aseguró.
Ruiz agregó que los funcionarios estiman que el proyecto "es asimétrico en perjuicio de los que ganan menos, pero hacen casi todo el trabajo".
En esa línea, explicó que en su asociación esperaban que el proyecto contemplara las demandas de su sector, pero que ello no ocurrió, que solicitaron reunión con el ministro del Interior y Seguridad Pública, Jorge Burgos, pero éste declinó recibirlos.
"Consideramos una gruesa inconsecuencia del Gobierno le niegue la asignación profesional a los que ganan menos y que en casi todos los casos se pagaron ellos mismos los estudios que han sido aprovechados por la institución. Acá se habla de igualdad de oportunidades y lo que se esta haciendo con este proyecto es aumentar la desigualdad", aseguró.
Por lo anterior, la líder gremial anunció que a partir de esta jornada votarán si comienza una escalada de movilizaciones a en las zonas en que tienen jurisdicción las que llegarían al paro total si es que en quince días desde el Ejecutivo no se les da respuesta.
"Se supone que el propósito se este proyecto es retener a los mejores funcionarios. Pero con este sistema lo más probable es que los mejores comenzaran a emigrar en búsqueda del reconocimiento a su capacidad y preparación. Es una contradicción entre los propósitos del proyecto y un diseño de carrera que no responde a la realidad de la institución", sentenció.
