El abogado Alejandro Peña es el defensor de uno de los policías acusados.
El Mercurio
SANTIAGO.- El Tribunal Oral en lo Penal de Arica rechazó el viernes las objeciones presentadas por la Fiscalía de Arica, la Intendencia y el Consejo de Defensa del Estado respecto a la condena en costas que alcanza los $480 millones y que fueron establecidas tras la absolución de los cuatro ex efectivos de la unidad antinarcóticos de Carabineros de la ciudad y tres civiles, acusados de tráfico de drogas, asociación ilícita y falsificación instrumental.
Según establecieron los sentenciadores, la argumentación de la parte acusadora que alude a que el excesivo monto "constituiría un factor inhibidor del cometido de la Fiscalía" no tiene sustento legal, debido a que tras el juicio, se estableció que hubo una "investigación torcida" por parte del Ministerio Público y por ello, el tribunal llegó a la convicción de la inocencia de los acusados.
En la sentencia, el tribunal ya había cuestionado el actuar de la Fiscalía al estimar como "inexplicable la actitud del persecutor y querellantes en este juicio pues los mismas han pretendido una condena penal en un procedimiento de legalidad cuestionada que denota una torcida investigación".
Para el abogado Alejandro Peña, defensor de uno de los policías acusados, la resolución "reitera lo torcido de la investigación de la que fueron objeto lo oficiales y funcionarios del OS-7 y que hizo más difícil el trabajo de las defensas".
Además, agrega el defensor, el fallo reafirma una vez más "que los hechos no eran constitutivos de delitos y que en ellos tampoco tenían real participación los oficiales, porque siempre estuvieron dirigidos y autorizados -en cuanto a las diligencias- por el fiscal Manuel González".
Veredicto
El pasado 19 de diciembre, en fallo unánime, los jueces absolvieron a los siete acusados al no llegar a la convicción para establecer la participación de los mismos en hechos relacionados con dos decomisos de droga cuestionados por el Ministerio Público y que se realizaron durante 2013.
El ente persecutor penal -que pidió penas que en total suman 164 años de presidio- intentó acreditar que los ex funcionarios policiales habrían planificado en dos oportunidades la internación de dos cargamentos de droga al país para posteriormente montar procedimientos de incautación flagrantes y con apariencia de legalidad en la frontera.
Para ello, de acuerdo a la investigación de la Fiscalía, los ex policías habrían elaborado partes policiales falsos y realizado entregas controladas de droga sin la autorización del Ministerio Público.
Todo ello, sin embargo, fue descartado por el tribunal por estimar que las pruebas exhibidas no logran establecer la participación de los imputados en los delitos descritos en la acusación fiscal, cuestionando a su vez, el actual de los investigadores.
