SANTIAGO.- La Presidenta Michelle Bachelet firmo este miércoles dos proyectos de ley que forman parte de la agenda de probidad y transparencia que impulsa su Gobierno, los cuales establecen el delito de corrupción y sanciona el conflicto de intereses, entre otras medidas.
En la ceremonia realizada en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, la Mandataria estuvo acompañada por los ministros del comité político y cerca de un centenar de invitados, entre los cuales no estaban los presidentes de partidos de la Nueva Mayoría y la Alianza.
Durante su discurso, la jefa de Estado destacó que por primera vez en la legislación chilena se penará la corrupción entre privados y que con esta medida se ampliará el actual delito de tráfico de influencias a su comisión por parte de un particular.
En el ámbito de la función pública, se perfeccionarán la tipificación del tráfico de influencias y negociación incompatible y se aumentarán las penas para ese delito y el de cohecho y soborno.
"Como Gobierno no nos hemos quedado en las palabras y hemos pasado a la acción, este ha sido mi compromiso personal y lo estoy cumpliendo, y tal como dije el 21 de mayo, no voy a esconder bajo la alfombra las fallas que nuestro sistema político e institucional ha tenido", dijo Bachelet.
En esa línea, recordó que desde el Ejecutivo "ya cumplimos con las medidas administrativas y hemos enviado once proyectos de ley e indicaciones, entre las cuales se cuentan las dos de este viernes centradas en el área económica, con la creación de la Dirección General de Concesiones y OO.PP. y las indicaciones al proyecto de ley que crea la comisión de valores y seguros".
Detalle de las iniciativas
En cuanto a los proyectos firmados hoy, la gobernante destacó que el que regula los conflictos de intereses determina cuándo hay inhabilidades e incompatibilidades para entrar al servicio público y establece en qué casos las autoridades y funcionarios deben abstenerse de participar en una decisión.
La medida también protege a quienes denuncien conductas impropias y regula las actividades que una persona puede ejercer una vez que es cesado en el cargo, impidiendo el ingreso a un organismo público a quienes tengan derechos en una sociedad con la que el ente tenga contratos por más de 200 UTM, o litigios pendientes.
En la otra iniciativa, se aumentará las penas del delito sobre negociación incompatible, incluirá una agravante en el delito de tráfico de influencias y aumentará las penas de privación de libertad y multa en el delito de cohecho y el soborno, en línea con los estándares internacionales en la materia.