Landerretche concurrió a la comisión de Minería.
Héctor Flores, El Mercurio
SANTIAGO.- Mientras el presidente de Codelco, Óscar Landerretche, exponía ante la comisión de Minería sobre los contratos e informes de nueve fundaciones que prestaron servicios a la cuprífera entre 2010 y 2015, la diputada RN Paulina Núñez interrumpió su presentación y lo acusó de no responder para lo que había sido citado.
"Esta información nosotros ya la tenemos", advirtió la parlamentaria. Y agregó: "Lo que hemos pedido de forma reiterada y que está en las actas de esta comisión son las respuestas de, si primero existieron los contratos de estas 21 fundaciones -ligadas al oficialismo- con Codelco, y luego, que se entreguen los informes y estudios por los cuales se pagó el trabajo prestado".
"A ver", respondió Landerretche. "En la citación que recibí para esta sesión se nos pidió profundizar los oficios 48 y 52. Y eso es así y eso es lo que vamos a hacer porque me voy a remitir a lo que fui citado", añadió.
De hecho, el presidente de Codelco aseguró que "con los antecedentes que disponemos, no tenemos razón alguna para cuestionar el trabajo que estas empresas u organizaciones han realizado".
Ante las críticas, intervino el presidente de la comisión, Luis Lemus (PS), y dijo: "Codelco ha entregado la información".
Ante este escenario, la Alianza además de pedir una auditoría al interior de la comisión de Minería, anunció que solicitarán a la Contraloría que indague sobre aquellos contratos previos a 2010.
"Le quiero pedir, Presidente, a través suyo, enviar un oficio a la Presidenta de la República para que sea la Contraloría, en virtud del decreto de ley 1.141 que inicie una fiscalización", afirmó Núñez, según informó "
El Mercurio".
La empresa cuprífera, al término del encuentro, entregó cerca de 30.000 páginas a Lemus, en las que se incluyen parte de los contratos de nueve de las fundaciones en cuestión.
Eventual denuncia
En la oposición explican que la negativa del presidente de Codelco a entregar la información solicitada ha llevado a cuestionar los datos que maneja la empresa. De esta manera, explicó Felipe Ward (UDI), "si en virtud de los antecedentes que tenemos existe alguna presunción de que se está cometiendo algún delito, estamos obligados como funcionarios públicos, desde el punto de vista penal, a proporcionarlos a la fiscalía a través de una denuncia".
En la Alianza tampoco descartaron conformar una comisión investigadora para que aborde el tema.
